La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), con sede en Barbados y cuyo director actual es Alejandro Betancourt, obtuvo un acuerdo que se puede extender hasta un siglo con Estados Unidos para explotar conjuntamente más del 20 % de las reservas de crudo venezolano con el beneplácito del Gobierno de Delcy Rodríguez.
Con tres oficinas en Venezuela – Caracas, Maracaibo y Lecheríala – la compañía se presenta como la segunda mayor petrolera en Venezuela, «líder en exploración y producción de petróleo» con «décadas de experiencia en el sector».
Aunque gran parte de su nuevo equipo se está conformando desde poco antes del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela del viernes.
A principios de agosto, trascendió que un magnate de Florida, Harry Sargeant, accionista de NABEP y que sirvió como canal extraoficial entre Washington y Caracas hasta perder el favor de la Casa Blanca, vendió su participación al empresario venezolano Betancourt que hoy controla la compañía.
El Departamento de Estado había bloqueado activos a la empresa relacionada con Sargeant, Bluewave Properties Ltd., compañía con sede en las Islas Vírgenes que mantenía una participación en NABEP.
El pasado miércoles, previo al anuncio del acuerdo con Washington, la empresa anunció el nombramiento de Sara Chouraqui como directora jurídica y a Elizabeth Collery y Victoria Jacobson como asesoras jurídicas generales en un momento en que NABEP «entra en una nueva e importante fase de su desarrollo, ampliando nuestras operaciones y estableciendo nuevas relaciones estratégicas», indicó entonces Betancourt.
El viernes, Trump anunció el acuerdo, cuyos detalles despejó ayer la Casa Blanca al revelar que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono tendrá una participación del 35 % en la matriz de NABEP, la empresa encargada de las operaciones, sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses, según la Casa Blanca.
Del chavismo a Trump
Betancourt, de 46 años, amasó una extensa fortuna en sus treintas a través de su empresa Derwick Associates, que cofundó en 2009 y, sin experiencia previa en el sector eléctrico, obtuvo jugosos con contratos de la Administración de Hugo Chávez.
El millonario venezolano aparece en varias investigaciones abiertas en Suiza por presupuesto blanqueo de capitales en operaciones vinculadas a la venezolana PDVSA y en España, en el llamado ‘caso Atlantic’ de la Audiencia Nacional, por similares delitos que involucran a la energética estatal.
Venezuela concluyó también una investigación sin cargos y según fiscales de Estados Unidos su nombre ha aparecido en investigación de desvío de fondos de PDVSA.
No ha sido formalmente imputado en ninguna investigación.
Capital estadounidense
«El hecho de que decidieran asociarse con el Gobierno de Estados Unidos en lugar de con Exxon, Chevron, Conoco, los chinos o los rusos es, a mi parecer, algo positivo», declaró este martes un alto funcionario estadounidense.
El alto funcionario defendió el acuerdo desde una perspectiva geopolítica al tratarse de bloques que en gran medida se han entregado a empresas chinas y rusas: «¿Preferimos que estén bajo el control, o no necesariamente bajo el control, pero sí bajo la influencia o dinámica de un acuerdo con Estados Unidos, o queremos que estén bajo la influencia de un acuerdo con China y Rusia?», dijo.
El acuerdo fue firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, y la empresa ejercerá el control operativo del negocio, mientras que el Departamento de Estado tendrá un acceso preferencial al 20 % de su producción a precio de costo.
La Casa Blanca anunció que espera pagar 200.000 millones de dólares en impuestos a las autoridades venezolanas durante los próximos 25 años en virtud de una concesión que se podría extender cien años.
Hasta el momento la Oficina del Pentágono, que controlará el 35 % de la compañía y fue creada en diciembre de 2022 para movilizar inversión privada y financiación pública hacia tecnologías, empresas y cadenas de suministro consideradas críticas para la seguridad nacional, y que controlará el 35 % de NABEP, no había anunciado inversiones directas en el extranjero.
Esta ‘joint venture’ es uno de los más relevantes acuerdos con el Gobierno de Delcy Rodríguez desde la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero y tras meses de negociaciones en las que Washington ha mantenido una actitud de tutela de los nuevos rumbos de su antiguo rival.
