La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó las licencias relacionadas con los sectores petrolero, gasífero, petroquímico, minero y telecomunicaciones en las cuales elimina «el requisito de que los términos de dichos contratos se interpreten de conformidad con las leyes de un estado u otra jurisdicción dentro de los Estados Unidos».
«La OFAC modificó estas Licencias Generales en respuesta a las reformas relacionadas con la legislación para las inversiones, realizadas por el Gobierno de Venezuela desde enero de 2026«, dice la OFAC en una aclaratoria publicada en la sección de preguntas frecuentes relacionada con las licencias que afectan a Venezuela.
Y añade: el gobierno de Estados Unidos sigue apoyando los esfuerzos de las empresas estadounidenses por reinvertir en Venezuela para fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos en el hemisferio occidental y ayudar a que Venezuela vuelva a ser un aliado responsable y próspero de EEUU».
El abogado José Ignacio Hernández, en su cuenta de la red social X, señaló que «la OFAC modificó las Licencias Generales relacionadas con la industria extractiva venezolana para resolver tensiones entre las disposiciones de elección de ley y la ley doméstica«.
«Ahora, todos los contratos pueden regirse por la ley venezolana, planteando un nuevo desafío: mejorar esta ley para proteger los derechos de inversión privada», dice el jurista.
Sin embargo, la OFAC deja claro que «estas Licencias Generales (GL) siguen exigiendo que los procedimientos de resolución de controversias se lleven a cabo en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur».
Sin embargo, la OFAC mantiene la obligación de trasladar los pagos por transacciones de los sectores designados en el Fondo de Depósitos para Gobiernos Extranjeros del Departamento del Tesoro, salvo los que tienen que ver con el régimen tributario venezolano.
Los pagos «no razonables», como canje de deuda, en oro o monedas digitales siguen sin ser válidos, según la OFAC.
Por otra parte, se autorizan ciertos mecanismos de canje de petróleo, diluyentes, productos refinados y servicios logísticos, previstos en la Licencia 46D, mientras la Licencia General 47B elimina la obligación de adquirir diluyentes en alguna “entidad estadounidense establecida”, lo que flexibiliza las condiciones para la importación de estos productos, tanto en volumen como en precios, al ampliar los mercados disponibles.
Reformas legales fundamentales
Las reformas y propuestas legislativas impulsadas en Venezuela para flexibilizar el marco regulatorio e incentivar el capital internacional se centran principalmente en sectores estratégicos, como petróleo, gas, energía y minería e infraestructuras operativas.
La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos Constituye el cambio legislativo de mayor peso económico. La reforma aprobada busca flexibilizar la participación del capital privado y extranjero en la industria petrolera y de gas. Sus ejes centrales son:
– Permite mayor control operacional y comercialización directa por parte de empresas privadas en joint ventures o contratos de servicio, lo que reduce la hegemonía estricta de PDVSA sobre las exportaciones.
– Revisa la estructura de impuestos a la extracción y establece un techo a las regalías con reducciones operativas según la viabilidad del campo para mejorar la rentabilidad de los proyectos.
– Incluye mecanismos independientes de mediación y arbitraje para elevar las garantías jurídicas de los inversionistas internacionales.
El Ejecutivo presentó ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma parcial a la legislación minera. El objetivo es agilizar las concesiones, regularizar proyectos de extracción, especialmente en el Arco Minero y proyectos de oro/bauxita y ofrecer esquemas de participación mixta atractivos para empresas foráneas bajo estándares de trazabilidad y gobernanza ambiental.
