La Organización Cisneros quiere ayudar a reconstruir Venezuela, pero lejos del petróleo

EFE

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La Organización Cisneros, el emporio venezolano que se diversificó globalmente y redujo su exposición a su país de origen durante casi tres décadas de chavismo, prepara un aumento de inversiones en Venezuela con un fondo de 1.000 millones de dólares del que se excluye todo lo que tenga que ver con el sector petrolero, que parece reservado a estadounidenses.

Es precisamente en el ámbito petrolífero donde otros miembros de la familia y de los otros dos grupos empresariales que usan el afamado apellido han visto sus derechos revocados o relegados frente a capital estadounidense bajo el nuevo sistema de control de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El conglomerado, fundado en 1929 por Diego Cisneros y hoy con operaciones en toda América y otras regiones, está dirigido por su nieta Adriana Cisneros, que en abril, apenas tres meses después de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses, marcó desde la Bolsa de Valores de Caracas los pasos para una mayor presencia en Venezuela con la constitución de Intrépida.

Allí anunció la creación de ese fondo, un vehículo de inversión de 1.000 millones de dólares, ampliable a 2.000 millones, con capital de Estados Unidos y Latinoamérica y de fondos soberanos de Dubái y Catar.

Dos tercios del capital ya estaba comprometido en el momento del anuncio y el fondo, domiciliado legal y fiscalmente en Estados Unidos, prevé empezar a materializar inversiones en los próximos meses.

«Vamos a invertir en los sectores en los que nos sentimos cómodos», aseguró Adriana Cisneros, que citó la agroindustria, los bienes raíces, las infraestructuras, los servicios básicos y las telecomunicaciones, y descartó expresamente los hidrocarburos y la minería, los dos sectores en los que el gobierno de Delcy Rodríguez negocia la apertura directamente con Washington.

«Hay receptividad para invertir en Venezuela y se están dando pasos importantes para la reconstrucción», añadió sobre el interés de los inversionistas.

El apellido Cisneros es una divisa de gran valor en Venezuela, pero para otras ramas de la familia, separadas de la estructura de la Organización Cisneros, las relaciones con el Gobierno de la presidenta encargada no han sido las mejores en lo relacionado con el petróleo, donde las oportunidades más rentables parecen estar siendo alineadas para empresas estadounidenses.

Los herederos de Oswaldo Cisneros, fallecido en Miami en 2020 cuando estaba al frente de Digitel, Central Azucarero Portuguesa y Produvisa, vieron revocados este año los derechos de explotación de su empresa DP Delta Finance en la Faja Petrolífera del Orinoco, que el Gobierno Rodríguez transfirió a la estadounidense Pacific Coast Energy.

DP Delta Finance era socio, con un 40 % de participaciones, de PDVSA en la empresa de capital mixto Petrodelta, que mantenía derechos de perforación y explotación hasta 2042 sobre seis campos del oriente del país.

El pasado 15 de agosto, su asesor jurídico, Juan Domingo Alfonzo Paradisi, aseguró en un comunicado que el Ministerio de Hidrocarburos «inició la revocación y es responsable de la confiscación», y la empresa cifra en unos 2.000 millones de dólares lo que reclama al Estado.

Caracas sostiene que Petrodelta incumplió sus obligaciones de inversión, exploración e infraestructura, algo que la compañía niega.

Un caso parecido se perfila en Petrocabimas, otra sociedad mixta de PDVSA en el occidente del país, cuya participación privada del 40 % se disputan desde 2024 la española Suelopetrol, socia histórica desde 1997, y Globalable Holding, la empresa de Ricardo Cisneros, otro miembro del clan.

Este mes Suelopetrol pidió ayuda al Gobierno español tras conocer por la prensa gestiones para asignar los campos Cabimas Tierra y Tía Juana Tierra también a la californiana Pacific Coast, y advirtió de que recurrirá a mecanismos internacionales de protección si eso ocurre.

Por su parte, el presidente Trump ha reiterado desde la captura de Maduro en enero que su interés es que las empresas estadounidenses tomen la iniciativa en la explotación de los yacimientos más rentables de Venezuela. 

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