Los familiares y sucesores del difunto empresario Oswaldo Cisneros denunciaron la confiscación de sus derechos de extracción de crudo por parte del gobierno venezolano y la posterior asignación de dichos recursos a la firma estadounidense Pacific Coast Energy Co., según dio a conocer la agencia Bloomberg.
A través de un comunicado emitido por la directiva de la firma DP Delta Finance BV, encabezada por la viuda y los herederos de Cisneros, la representación legal sostuvo que a la organización se le «despojó» de sus propiedades y del manejo operativo mediante un procedimiento de «sanciones arbitrarias». La entidad calcula una deuda pendiente a su favor que asciende a 2.000 millones de dólares.
La medida abarca la participación societaria en los campos de extracción localizados en la faja petrolífera del Orinoco, los cuales fueron dejados sin efecto por las autoridades a comienzos de año. Respecto al procedimiento administrativo, el asesor jurídico de la firma, Juan Domingo Alfonso Paridisi, manifestó en un escrito independiente que el Ministerio de Hidrocarburos «inició la revocación y es responsable de la confiscación», por lo que la representación legal exige la restitución formal de la totalidad de sus bienes.
Conforme al documento con fecha del 15 de agosto, la intervención de DP en la empresa mixta Petro Delta, en conjunto con Petróleos de Venezuela S.A., garantizaba la concesión de las labores de perforación y explotación hasta el año 2042. No obstante, fuentes vinculadas al sector y documentación recabada por Bloomberg refieren que el Ejecutivo canceló la atribución tras dictaminar un incumplimiento en las metas de inversión y niveles de producción pautados.
Adicionalmente, el grupo corporativo precisó que la empresa mixta logró una producción de 12 millones de barriles de petróleo valorados en 700 millones de dólares y suministró prestaciones operativas por un monto de 100 millones de dólares «sin recibir ningún pago» hasta el mes de marzo.
