La ONG SOS Orinoco denunció este jueves una «nueva mina ilegal» de 5,8 hectáreas dentro del Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial de la Unesco, que alberga el Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta.
En la red social X, la organización no gubernamental señaló que la mina fue detectada justo frente a la zona de Playa Linda, en la desembocadura del río Carrao al Caroní, en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil.
Según SOS Orinoco, la mina ilegal «es impulsada por líderes indígenas pemón del Sector 2 de Canaima, en coordinación con políticos y militares, generando fracturas internas profundas dentro de las comunidades».
Además, advirtió que el mercurio del procesamiento «se dispersa hasta 100 kilómetros río abajo y la sedimentación amenaza la vida útil de las turbinas del embalse de Guri», el corazón del sistema energético de Venezuela.
La organización registra más de 1.800 hectáreas de minería ilegal dentro de Canaima y 49 dragas «activas operando en el cauce del río Caroní, que se encuentra íntegramente dentro del parque».
«Venezuela sigue postergando la misión de monitoreo reactivo de la Unesco. Canaima no puede seguir esperando», agregó la ONG.
El pasado marzo, la líder opositora y premio Nobel de la paz María Corina Machado afirmó que el estado Bolívar está devastado por la «explotación minera criminal».
En esa región, la más grande del país, está el Arco Minero del Orinoco, un área de explotación creada en 2016 por el entonces presidente Nicolás Maduro, hoy detenido en Estados Unidos, de 111.843 kilómetros cuadrados donde predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro y otros minerales.
En marzo, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta entonces estaba sujeto a sanciones.
La licencia permite comprar, transportar y revender oro incluso en operaciones que involucren al Gobierno venezolano o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).
SOS Orinoco dijo entonces que esa licencia mantiene el «ecocidio y blanquea la riqueza criminal» en regiones de la Amazonía venezolana.
