La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este miércoles de una «grave amenaza» para el periodismo en Brasil y un «peligroso precedente» por una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) para identificar y perseguir a una fuente del periodista brasileño Luís Pablo Conceição Almeida.
El organismo expresó su «alarma» por la violación del secreto de la fuente periodística tras una orden del martes del ministro Alexandre de Moraes, del STF, para realizar allanamientos contra el exsecretario de Seguridad Pública de Maranhão Raimundo Cutrim, señalado por la Policía Federal como una fuente del periodista.
La SIP, con sede en Miami, denunció en un comunicado que estas medidas están relacionadas con reportajes publicados por Luís Pablo sobre el supuesto uso irregular de vehículos oficiales del Tribunal de Justicia de Maranhão por el ministro Flávio Dino, del STF, y sus familiares.
Dino, quien fue ministro de Justicia entre 2023 y 2024 en el gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es oriundo de Maranhão.
Las autoridades investigan la obtención y divulgación de la información relacionada con esos reportajes, mientras las acusaciones sobre el supuesto uso irregular de vehículos y las demás circunstancias del caso son también objeto de investigación.
La defensa de Cutrim sostiene que la medida contra el exfuncionario se basó en el análisis de dispositivos electrónicos incautados al periodista responsable del ‘Blog do Luís Pablo’ durante un allanamiento realizado en marzo, que la SIP también denunció entonces como un posible «efecto intimidatorio».
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, consideró «especialmente grave que la investigación haya permitido llegar hasta una fuente periodística mediante la revisión de los dispositivos incautados a un periodista».
«La protección de las fuentes confidenciales no constituye un privilegio del periodista, sino una garantía indispensable para que ciudadanos puedan proporcionar información de interés público sin temor a represalias», manifestó Manigault.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, agregó que esto establece «un precedente de graves repercusiones para toda la prensa» porque «si las fuentes no pueden confiar en que su identidad será protegida, se debilita una de las condiciones esenciales del periodismo».
La SIP reiteró que la violación del secreto profesional vulnera tratados internacionales y principios elementales de libertad de prensa.
Esto se suma a un posicionamiento conjunto de las organizaciones locales ANJ (Asociación Nacional de Periódicos), la ABERT (Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión) y la ANER (Asociación Nacional de Editores de Revistas), que consideraron «preocupante» la medida.
