En una sesión nocturna desarrollada el sábado, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de financiamiento temporal destinado a mantener la operatividad de las agencias federales hasta principios de diciembre, evitando con ello la parálisis de la administración pública de cara a los comicios legislativos de noviembre.
La medida contó con un respaldo de 90 votos a favor y seis en contra, permitiendo resolver la materia presupuestaria con casi dos meses de antelación respecto al término del año fiscal, fijado para el 30 de septiembre.
La propuesta legislativa, impulsada por el líder de la mayoría del Senado, John Thune, antes del inicio del receso parlamentario de cinco semanas, extiende los niveles actuales de gasto público hasta el 11 de diciembre. Para su entrada en vigor, la iniciativa deberá ser sometida a votación en la Cámara de Representantes una vez que sus integrantes concluyan el receso de agosto, para posteriormente ser remitida al presidente Donald Trump para su firma.
El texto aprobado incorpora una serie de condicionantes negociadas entre las bancadas y la Casa Blanca. A solicitud de la representación demócrata, se fijó un apartado que prohíbe la transferencia de fondos a la Patrulla Fronteriza, al tiempo que se desestimó la asignación de 1.000 millones de dólares solicitada por el Ejecutivo para iniciar la construcción de un nuevo acorazado. Sobre dicha partida presupuestaria, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, sostuvo: “La única persona que quiere estos barcos dorados es Donald Trump para poder ponerles su nombre”.
Asimismo, la normativa contempla la postergación temporal de una regulación gubernamental vinculada a la revisión de subvenciones federales por parte de funcionarios políticos. Respecto a este punto, la senadora demócrata de mayor rango en el Comité de Asignaciones, Patty Murray, manifestó: “No les interesa hacer que nuestros dólares de impuestos funcionen mejor; solo quieren que funcionen para Donald Trump”.
Por su parte, la senadora republicana Susan Collins respaldó la suspensión de dicha medida al señalar la oposición ciudadana registrada durante la consulta pública, afirmando: “No creo que en el tiempo que he tenido el privilegio de servir en el Senado haya visto alguna vez que una norma propuesta genere tantos comentarios negativos”. Desde la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, se argumentó que la disposición busca fortalecer la rendición de cuentas y evitar el uso indebido de los recursos públicos.
Dentro de los puntos de discusión, la ley incluyó además un aplazamiento de un mes a la prohibición nacional sobre productos derivados del cáñamo con componentes psicoactivos. Dicha prorroga generó objeciones por parte de legisladores republicanos como Ted Budd, quien advirtió sobre el incremento en la atención médica de urgencia a menores vinculada a estos productos en su estado natal, señalando: “Esta es una crisis de salud pública que merece la atención inmediata de este Senado. Nuestros niños nunca deberían ser el campo de pruebas de una industria dispuesta a explotar una laguna en la ley federal para obtener ganancias”.
Pese a los intentos del senador Budd por suprimir dicho aplazamiento del texto final, la moción fue descartada por la plenaria del Senado, manteniéndose la extensión del plazo conforme a lo planteado por representantes de la industria del cáñamo para la elaboración de un marco regulatorio integral.
