El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, cuestionó este miércoles los recientes pronunciamientos del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la cancelación de futuros comicios, e hizo un llamado urgente a las autoridades de esa nación para reactivar las garantías cívicas e institucionales, reseñó EFE.
Türk enfatizó que la participación en los procesos de votación y la postulación a cargos de elección popular constituyen derechos universales para todos los ciudadanos sin distinción ideológica, al tiempo que lamentó la existencia de un patrón de amedrentamiento y censura frente a la manifestación libre de criterios en el territorio centroamericano.
Cierre de vías democráticas y reacción internacional
La postura del organismo multinacional se produce en respuesta a la alocución ofrecida por Ortega el pasado domingo durante el acto conmemorativo del 47 aniversario de la revolución sandinista, oportunidad en la que el líder nicaragüense descartó la posibilidad de celebrar nuevas contiendas electorales que comprometan la hegemonía del partido de gobierno: «Aquí no volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder».
A juicio del representante de la ONU, este mensaje clausura formalmente cualquier expectativa de alternancia democrática y profundiza el aislamiento institucional de la nación.
Inhabilitación de profesionales, presos políticos y persecución religiosa
Más allá del ámbito estrictamente electoral, el alto comisionado denunció una serie de medidas gubernamentales que, a su criterio, agravan la vulneración de las libertades públicas esenciales:
- Cancelación de credenciales a juristas: Türk advirtió sobre la revocación masiva de licencias para el ejercicio de la abogacía, ejecutada sin soporte normativo ni justificación formal por parte de los organismos competentes.
- Detenciones por motivos políticos: El organismo contabiliza un mínimo de 46 ciudadanos privados de libertad de manera arbitraria en razón de su postura crítica hacia el Ejecutivo.
- Acoso a comunidades religiosas: Se constató el recrudecimiento de la presión estatal contra la Iglesia católica y otras organizaciones confesionales.
En este último punto, la oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó particular preocupación por la opacidad oficial en torno a la condición y ubicación del monseñor Abelardo Mata, prelado de 80 años de edad cuya localización se desconoce tras haber sido aprehendido por fuerzas de seguridad el pasado 29 de junio.
