El Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) alertó sobre lo que considera «una grave crisis institucional en Venezuela» y que califica como «como una total usurpación la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder tras vencerse los seis meses constitucionales para suplir la ausencia absoluta presidencial».
Frente a este escenario, la agrupación política respalda el inicio de las negociaciones políticas pautadas para el próximo primero de agosto. No obstante, exigen transparencia absoluta en los acuerdos «entre la Asamblea Nacional de 2015 y el foro chavista de 2026». Los activistas rechazan «pactos ocultos» y demandan que las decisiones se sometan directamente al estricto escrutinio de la soberanía nacional.
Asimismo, proponen la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional basado en un amplio consenso ciudadano y civil. Esta propuesta busca nacionalizar el proceso de cambio político y evitar que sectores responsables de la crisis humanitaria secuestren la transición.
La junta transitoria propuesta por el movimiento político tendría una duración estrictamente delimitada a dieciocho meses de gestión continua. La prioridad absoluta de este mandato autónomo se enfocará en estabilizar la economía, optimizar los servicios públicos y canalizar la ayuda humanitaria internacional. Estas medidas urgentes buscan aliviar la miseria extrema que golpea diariamente a los hogares venezolanos.
Finalmente, el plan estratégico contempla restablecer la seguridad jurídica indispensable para atraer y recuperar la inversión extranjera productiva. Una vez estabilizada la nación, las autoridades convocarán a elecciones presidenciales libres, justas y transparentes para finales de 2027 o inicios de 2028. El partido exhorta a todos los sectores sociales a unificar esfuerzos para salvar de inmediato la República.
