El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminará el jueves si la amnistía impulsada por España al delito de malversación pone en riesgo las finanzas europeas y si el perdón al de terrorismo es conforme a las normas comunitarias.
La Corte resolverá las cuestiones prejudiciales que le han planteado, por un lado, el Tribunal de Cuentas, sobre la responsabilidad contable de los gastos del procés, en una causa que afecta a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y por el otro, la Audiencia Nacional, en relación al delito de terrorismo por el que está juzgando a los Comités de Defensa de la República (CDR).
Pero la sentencia también marcará el camino al Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que ha presentado Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación, en un fallo que puede ser clave para su posible regreso a España.
La opinión del abogado general
El TJUE se pronunciará en el último día que ha habilitado para dictar sentencias antes del parón estival, y el fallo está precedido de la opinión que el abogado general de la UE Dean Spielmann publicó el pasado 13 de noviembre, la cual avalaba los principales puntos de la ley de amnistía.
Spielmann señaló que la independencia de Cataluña no habría afectado a las finanzas europeas porque la contribución de España al presupuesto comunitario hubiese seguido siendo proporcional a su Renta Nacional Bruta.
Y añadió que no se puede establecer «un vínculo de conexión directa» entre los gastos del procés y las cuentas de la UE, en parte porque el Tribunal de Cuentas no aportó «ningún elemento que indique que se utilizaran fondos procedentes del presupuesto de la Unión» para promover la secesión de Cataluña.
Tampoco vio ninguna incompatibilidad entre la directiva europea de lucha contra el terrorismo y la ley de amnistía, porque la norma «cumple» con los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no incluye entre los delitos perdonados los relativos al derecho a la vida y a la integridad física.
Spielmann descartó además que la ley del olvido que el Congreso de los Diputados aprobó hace dos años sea una «autoamnistía», porque no busca «proteger a un régimen político o a sus representantes frente a posibles actuaciones judiciales», sino «dar respuesta a una situación excepcional con un objetivo declarado de normalización institucional y reconciliación».
En cambio, cuestionó los dos meses de plazo que la norma da a los jueces españoles para que decidan si deben aplicar la amnistía en las causas que estén juzgando.
Unas consideraciones que no son vinculantes, pero que en la mayoría de los casos que resuelve la justicia europea suelen coincidir con la sentencia final.
