El Ejecutivo venezolano inició gestiones internacionales para conseguir el desbloqueo de recursos en el exterior con el propósito de financiar la reconstrucción tras los destructivos sismos que afectaron al país.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comunicó que remitió una misiva formal al rey Carlos III de Gran Bretaña para requerir la devolución de las reservas de oro custodiadas por el Banco de Inglaterra, argumentando la necesidad urgente de emplear esos activos en la asistencia a las víctimas de la catástrofe que ya registra un saldo de 3.811 fallecidos.
Durante una intervención difundida por la televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseveró que las riquezas auríferas pertenecen a la población y deben destinarse de forma inmediata a mitigar el impacto humano e infraestructural del doble terremoto.
En su pronunciamiento, la funcionaria insistió en la suspensión de las medidas coercitivas y las restricciones financieras transnacionales, señalando que estos impedimentos obstaculizan los planes gubernamentales orientados a la reactivación laboral, educativa y productiva en las regiones afectadas.
Como parte de esta ofensiva diplomática, la mandataria interina detalló que sostuvo un enlace telefónico con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. El objetivo de la conversación se centró en viabilizar el acceso a los capitales pertenecientes a la república que permanecen retenidos en dicho organismo multilateral.
Actualmente, a pesar de las recientes modificaciones en la política de sanciones de Estados Unidos, el Estado venezolano mantiene congelados activos en el extranjero que incluyen cerca de 2.000 millones de dólares en barras de oro en el territorio británico, además de los bienes vinculados a la corporación Citgo en suelo estadounidense.
La urgencia de flexibilizar los controles financieros ha sumado respaldos en el ámbito internacional. El coordinador del brazo humanitario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, declaró tras una inspección en el estado La Guaira que las sanciones internacionales vigentes sobre el país deberían ser atenuadas con el fin de evitar interferencias en el flujo de asistencia técnica y en los programas de estabilización postsísmica.
El representante internacional advirtió que el desastre natural acarreará severas repercusiones en las finanzas públicas, proyectando una contracción significativa en el Producto Interno Bruto (PIB) de la nación.
En sintonía con este panorama, un colectivo integrado por 113 académicos y especialistas en economía suscribió un petitorio dirigido a la administración de los Estados Unidos con la exigencia de deponer las sanciones económicas. El documento exhorta formalmente al FMI a suprimir los obstáculos institucionales, permitiendo que las autoridades venezolanas dispongan de las herramientas de financiamiento global requeridas de manera perentoria para encarar la coyuntura crítica.
