Los mercados internacionales reflejaron un deterioro adicional en los papeles de deuda de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa, en un contexto donde los inversionistas muestran creciente cautela frente al futuro económico del país, luego de los terremotos ocurridos la semana pasada y de la incertidumbre que rodea el proceso de renegociación de las obligaciones financieras del Estado.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, buena parte de los instrumentos que se encuentran en situación de impago acumulan retrocesos que superan el 10% desde que las autoridades pusieron en marcha, a mediados de mayo, la reestructuración de sus compromisos de deuda. Esta tendencia bajista se intensificó tras los sismos, que provocaron más de 1.900 muertes, generaron desplazamiento masivo de personas y causaron daños materiales considerables.
Según cálculos preliminares realizados por Naciones Unidas, los efectos directos de los terremotos representarían pérdidas cercanas a los 6.700 millones de dólares, monto que podría multiplicarse hasta tres veces si se toman en cuenta las afectaciones económicas en su conjunto. Este panorama se suma a una situación económica ya deteriorada por un prolongado período de crisis.
Diversos analistas coinciden en que la emergencia dificultará también la entrega del análisis de sostenibilidad de la deuda (conocido por sus siglas en inglés, DSA), documento clave que orientará la renegociación de bonos, créditos y otros compromisos financieros del país. Este informe está siendo elaborado en conjunto por el Ejecutivo venezolano y la firma Centerview Partners, que funge como asesora financiera del proceso.
David Austerweil, gestor adjunto de portafolios en VanEck, indicó que hay inquietud en el mercado respecto a lo que revelará dicho documento, ya que se anticipa que el Gobierno buscaría una condonación significativa de la deuda, algo que representaría pérdidas adicionales para quienes poseen estos instrumentos.
Estimaciones manejadas en Wall Street ubican el total de obligaciones venezolanas en un rango de entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. No obstante, de acuerdo con un informe citado por el Financial Times, el análisis oficial podría situar esa cifra en hasta 240.000 millones de dólares, frente a un producto interno bruto estimado en alrededor de 100.000 millones de dólares.
Si estos datos se confirman, estrategas de Citigroup estiman que sería necesaria una quita de deuda superior a la que inicialmente se proyectaba para lograr niveles considerados sostenibles. En ese contexto, el valor de recuperación que recibirían los acreedores podría situarse entre un 30% y un 35% por debajo de las cotizaciones actuales.
Los bonos con vencimiento en 2027, entre los de mayor movimiento en el mercado, llegaron a cotizarse alrededor de 48 centavos por dólar, luego de haber tocado los 56 centavos tras el anuncio de la reestructuración en mayo.
Pese a ello, algunos analistas sostienen que los precios de mercado todavía no incorporan completamente el escenario más pesimista. También señalan que los acreedores probablemente pondrán en duda tanto la magnitud de la deuda como las proyecciones macroeconómicas empleadas por el Gobierno, al considerar que la capacidad de pago del país podría fortalecerse si se incrementan la producción petrolera y la actividad económica en general.
El Ejecutivo, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha reiterado su propósito de concluir la reestructuración de la deuda antes de que termine 2026. Ese anuncio había generado inicialmente un alza de casi 70% en los bonos venezolanos, repunte que se vio interrumpido por el cambio de expectativas derivado del impacto de los terremotos.
Especialistas advierten, además, que los daños ocasionados por los sismos obligarán a ajustar las proyecciones económicas contempladas en el análisis de sostenibilidad, lo que podría extender aún más los plazos para su publicación mientras se determina el costo total de la emergencia.
A este panorama se suma la falta de una revisión reciente por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). Venezuela no ha sido objeto de una consulta del Artículo IV desde 2004, aunque el organismo confirmó que sostiene conversaciones con las autoridades del país tras los terremotos, aclarando al mismo tiempo que no forma parte del proceso de reestructuración de la deuda.
Fuentes consultadas por Bloomberg señalan que la ausencia de auditorías independientes sobre las obligaciones financieras del país, sumada a la falta de una referencia técnica por parte del FMI, podría complicar las negociaciones con los acreedores internacionales.
Con información de Bloomberg
