La familia Tovar, propietaria de Conferry antes de la expropiación, aclaró este viernes que no está participando en la recuperación de Conferry que adelanta el gobierno venezolano.
«La familia Tovar, propietaria de Conferry antes de la intervención estatal iniciada en septiembre de 2011, no guarda relación alguna con la operación actualmente anunciada, ni participa en su administración, gestión, operación o actividades comerciales», precisó en un comunicado.
«Han transcurrido casi quince años desde aquella intervención, y los accionistas de la verdadera Conferry aún no han recibido compensación alguna por los activos objeto de dicha ocupación forzosa», enfatizó.
Este es el comunicado completo:
Ante los recientes anuncios sobre la reactivación de operaciones marítimas bajo el nombre histórico de Conferry, la familia Tovar considera necesario realizar algunas precisiones de interés público, en defensa de la verdad histórica, la transparencia institucional y los derechos legítimos de quienes construyeron durante décadas una de las empresas de transporte marítimo más emblemáticas de Venezuela.
La familia Tovar, propietaria de Conferry antes de la intervención estatal iniciada en septiembre de 2011, no guarda relación alguna con la operación actualmente anunciada, ni participa en su administración, gestión, operación o actividades comerciales.
Celebramos toda iniciativa destinada a fortalecer la conectividad marítima nacional, a facilitar el traslado de pasajeros, vehículos y carga, y a impulsar el desarrollo económico, turístico y social del estado Nueva Esparta. Margarita necesita conectividad, Venezuela necesita recuperar su capacidad operativa, y toda mejora real en beneficio de los usuarios debe ser vista con sentido constructivo.
Sin embargo, precisamente por la importancia histórica de Conferry, resulta necesario recordar que la empresa original fue objeto de una intervención estatal en septiembre de 2011, proceso mediante el cual se produjo la ocupación forzosa de sus activos, instalaciones, flota, operación, nombre comercial, identidad corporativa y toda una estructura empresarial construida durante décadas por trabajadores, marinos, técnicos, profesionales, usuarios y accionistas.
Han transcurrido casi quince años desde aquella intervención, y los accionistas de la verdadera Conferry aún no han recibido compensación alguna por los activos objeto de dicha ocupación forzosa. De igual manera, permanecen incumplidos los compromisos asumidos por el Estado venezolano en el acta de avenimiento suscrita en el año 2013, obligaciones que siguen pendientes después de casi trece años. Es importante destacar que la familia Tovar actuó en todo momento con plena buena fe, al punto de suscribir un convenio de arreglo amistoso con el Estado, demostrando su disposición al diálogo y a una solución institucional.
Durante este largo período, gran parte de los activos que integraban la empresa original se deterioraron, dejaron de operar o desaparecieron como parte de un proceso que merece ser revisado con seriedad, transparencia y sentido histórico. Lo que ha permanecido intacto es el valor de la marca Conferry en la memoria colectiva de los venezolanos: un nombre asociado durante décadas a confianza, servicio, conectividad, esfuerzo privado y desarrollo regional.
La reaparición pública del nombre Conferry, de sus colores y de los símbolos concebidos por su fundador, Rafael «Fucho» Tovar, trasciende un simple anuncio comercial. Representa el rescate de un legado empresarial que marcó profundamente la historia del cabotaje venezolano y que permitió conectar a Margarita con el resto del país durante generaciones.
También resulta oportuno recordar que la embarcación actualmente presentada como parte de esta reactivación posee antecedentes históricos vinculados a la propia Conferry. Se trata de una nave que, bajo su nombre original Pegasus One, operó en Venezuela durante la década de los noventa en una etapa impulsada por Rafael «Fucho» Tovar, antes de ser devuelta a sus propietarios originales.
Esa referencia histórica demuestra, una vez más, que la memoria de Conferry no puede separarse de la visión empresarial que le dio origen.
Por ello, sin ánimo de confrontación, consideramos que cualquier anuncio público sobre el regreso de Conferry debe ir acompañado de una reflexión necesaria sobre el destino de la empresa original, sobre los activos objeto de la intervención y la ocupación forzosa, sobre el deterioro sufrido durante estos años y, sobre todo, sobre el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales que todavía permanecen pendientes con sus accionistas.
La recuperación de la conectividad marítima nacional debe ser motivo de satisfacción. Pero la recuperación del nombre Conferry también debería ser una oportunidad para cerrar correctamente una deuda histórica, jurídica e institucional que lleva demasiados años sin solución.
El cumplimiento de los compromisos pendientes enviaría un mensaje inequívoco a los venezolanos, a los inversionistas nacionales y extranjeros, y a quienes hoy observan al país como una oportunidad: Venezuela puede avanzar hacia una nueva etapa si reconoce su historia empresarial, respeta la propiedad privada, honra los acuerdos suscritos y ofrece seguridad jurídica real a quienes han invertido, trabajado y creído en el país.
Conferry no fue solamente una marca. Fue una empresa venezolana nacida de la visión de Rafael «Fucho» Tovar y consolidada por generaciones de trabajadores, marinos, técnicos, profesionales, usuarios y accionistas que hicieron posible una operación admirada dentro y fuera de Venezuela por su capacidad, eficiencia y aporte a la integración nacional.
La sociedad venezolana tiene derecho a conocer esa historia en su totalidad: sus logros, su contribución al país, las circunstancias de su intervención, el destino de sus activos y las obligaciones que aún esperan cumplimiento.
La familia Tovar continuará defendiendo ese legado y promoviendo una solución justa, transparente y definitiva, convencida de que el respeto a la historia, a la propiedad privada, a la Constitución y a los compromisos asumidos constituye una condición esencial para el futuro de Venezuela.
Confiamos en que el diálogo institucional, el respeto a la legalidad y la voluntad de construir soluciones permitan avanzar hacia una resolución justa, transparente y definitiva de un proceso que forma parte de la historia económica contemporánea de Venezuela.
Porlamar, 12 de junio de 2026.
Familia Tovar Mata
