Familiares de más de 80 detenidos por un presunto caso de contrabando en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) se sumaron este miércoles a la protesta que un grupo de allegados de presos políticos mantiene cerca de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir la mediación de la Casa Blanca en los procesos contra sus parientes.
«No pretendemos que Estados Unidos vaya resolvernos de un plumazo nuestros casos, pero sí queremos hacerle entender (…) que en el marco de una recuperación de un país y de una recuperación de las relaciones internacionales tiene que pasar por tener un sistema de justicia sano», dijo a EFE la abogada Zimaru Fuentes.
La jurista, que es pariente del militar retirado Larry José Moya, llegó junto a otra decena de familiares de los detenidos por el llamado caso «PDVSA-Obrero» a las cercanías de la legación estadounidense, donde otro grupo de manifestantes se instaló desde el pasado domingo.
«John Barrett escúchanos», es el mensaje que los familiares enviaron al encargado de negocios estadounidense, portando, cada uno, una letra en láminas de cartón.
La causa «PSVSA-Obrero» involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petrolera y a obreros de bajo rango de la empresa. Fue denunciada ante la prensa por familiares en febrero de este año, sin que las autoridades hayan ofrecido detalles al respecto.
Los familiares han reportado distintas cifras de detenidos relacionados a este caso: primero hablaron de 170, luego de más de 150 y posteriormente de 160, pero de estos un total de 77 ha salido en libertad después de las distintas medidas otorgadas por mediación del Parlamento o la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de este año.
Fuentes explicó, en declaraciones concedidas hoy a EFE, que la diferencia en las cifras se debe a que algunos familiares se fueron incorporando «a última hora» a este movimiento para exigir la liberación de los vinculados a ese proceso.
La gran mayoría de estos detenidos permanece en la cárcel de Yare, en el estado Miranda.
En febrero pasado, Fuentes refirió que las detenciones empezaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz, en el estado Anzoátegui (noreste), tras una investigación que se inició en junio de ese mismo año, y se extendieron por otras instalaciones petroleras en Carabobo (norte), Falcón y Zulia (noroeste), así como en Caracas y La Guaira (norte).
La abogada detalló que los detenidos están involucrados en «procesos de contrabando de combustible que era llevado a otros países» durante el «bloqueo internacional» que sufría Venezuela por ese entonces por las sanciones de EEUU.
«Se presume que pusieron a pagar a la plana obrera las acciones de personas de cuello blanco», denunció la letrada al indicar que los delitos que se les imputan son asociación para delinquir, legitimación de capitales, tráfico de materiales estratégicos, contrabando agravado y otros.
Información de EFE
