El excoronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), rechazó este miércoles ser extraditado por España a Argentina, donde la justicia lo reclama en una causa por delitos de lesa humanidad.
En una comparecencia por videoconferencia ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional española, Verdú Torrelles manifestó que no consiente su entrega a Argentina, según informan a EFE fuentes jurídicas.
Ahora el caso pasará a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que convocará una vista para estudiar la extradición, lo habitual en este tipo de procedimientos en España.
La Justicia argentina tramita desde 2023 una causa contra el gobierno de Nicolás Maduro (apresado en enero pasado por EU.UU.) por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, tras una denuncia presentada por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
La denuncia se presentó en Argentina sobre la base de la jurisdicción universal, que permite a los países procesar delitos graves contra los derechos humanos independientemente de dónde se hayan cometido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
Las autoridades judiciales del país sudamericana cursaron en febrero pasado la petición de extradición tras recibir información de que Verdú Torrelles se encontraba en España.
Una misión de la ONU que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la represión de las protestas de 2014 describió este martes como «avance judicial clave» la solicitud argentina de extradición del exmando militar venezolano.
Argentina investiga la muerte de dos personas en protestas contra Maduro
En junio de 2023 la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, siglas en inglés) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal de Argentina, en la que se pedía que se investigaran violaciones de los derechos humanos en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad.
Esta denuncia se centró en el caso de dos víctimas de homicidio cuya identidad se ha mantenido en secreto para proteger a sus familiares.
InterJust, que este año sucedió a CFJ en la representación de estos querellantes, reveló esta semana que una de las víctimas es Rosa Orozco, madre de Geraldin Moreno, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años que fue asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 en el estado de Carabobo mientras participaba en una manifestación.
Fuentes de InterJust dijeron a EFE que, cuando ocurrieron aquellos hechos, Verdú Torrelles era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y estaba al frente del operativo policial por las protestas.
El otro caso se mantiene en el expediente como el de J.A.M.F., quien el 19 de febrero de 2014 registró con el teléfono celular cómo las fuerzas de seguridad en Caracas reprimían una protesta pacífica.
Cuando lo descubrieron, fue perseguido y los agentes le dispararon, sin lograr herirlo, pero lo atraparon y golpearon sin que se hubiese resistido, y lo trasladaron al hospital, donde continuó la paliza. Murió cuatro días después en el hospital a causa de las lesiones.
Las denuncias de la FAAD y de InterJust son tramitadas por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Ramos, con intervención del fiscal federal Carlos Stornelli.
En septiembre de 2024 Ramos ordenó la captura internacional del ministro venezolano de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el excomandante de la GNB Justo José Noguera Pietri y otros trece funcionarios por crímenes de lesa humanidad cometidos de forma generalizada en Venezuela contra la población civil desde al menos 2014.
Tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero, el juez Ramos solicitó el 4 de febrero a Estados Unidos que el expresidente sea extraditado a Argentina.
