La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este martes que la cárcel El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y señalada como centro de torturas por organizaciones y opositores, sigue funcionando pese a que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó su cierre en enero pasado.
«Si bien existió un anuncio oficial por parte de las autoridades tras los eventos del 3 de enero de 2026, los registros actualizados de nuestra organización confirman que al menos 25 presos políticos permanecen recluidos en estas instalaciones», indicó la ONG en una publicación en X.
Además, dijo que detrás de cada cifra hay familias que siguen esperando respuestas, por ello, advirtió, «no es posible considerar clausurado un espacio mientras existan ciudadanos privados de libertad en su interior».
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a mantener el seguimiento del caso bajo un criterio de verificación de hechos», añadió.
Igualmente, exhortó a las autoridades venezolanas a que haya transparencia sobre el estatus real de esta cárcel y la atención prioritaria sobre la situación jurídica de estos 25 detenidos.
En febrero pasado, el Gobierno de Rodríguez informó sobre el comienzo de los trabajos de remodelación de El Helicoide, para convertirla en un centro social como pidió la mandataria encargada.
Rodríguez pidió el pasado 30 de enero convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos que fue aprobada por el Parlamento, controlado por el chavismo, en febrero.
La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer Rodríguez semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablara del cierre de una «cámara de torturas» en la capital venezolana.
El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950 que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Ese lugar ha sido descrito como un centro de «torturas» por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos ocurridos allí.
El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.
