El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Rigel Sergent, aclaró que «el proceso no contempla acciones sobre viviendas vacías y desestimó las especulaciones sobre aumentos preventivos en los cánones de arrendamiento».
El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Subcomisión de Vivienda y Hábitat, Rigel Sergent, informó que desde el Parlamento venezolano se avanza en la revisión de las leyes inmobiliarias con el objetivo principal de garantizar que los ciudadanos puedan acceder al derecho a la vivienda, enfocándose especialmente en atender las necesidades de las familias jóvenes del país.
«Vamos a revisar las leyes inmobiliarias» debido a que «precisamente la revisión de las leyes nos puede ayudar a buscar la forma ideal para resolver cualquier tipo de situación que se presente en el sector», aseveró el diputado durante una entrevista exclusiva para el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.
Sergent citó a la presidenta Delcy Rodríguez, al señalar que «una de las necesidades son las familias jóvenes, la juventud que pueda acceder a una vivienda alquilada».
Asimismo, apuntó que dentro de la planificación de la subcomisión se han contabilizado entre «50.000 y 100.000 familias o personas que necesitan alquilar» actualmente en el territorio nacional.
El diputado instó a «la población a mantener la cautela».
«A veces también hay que tener cuidado; hay personas que con el anuncio de la presidenta dicen: «Bueno, ahorita van a ir por todas las viviendas vacías (…) tampoco se ha dicho eso», puntualizó Sergent.
De igual forma, Sergent manifestó el respaldo de la institución al pronunciamiento emitido por el sector privado de la construcción y bienes raíces. «Nos sumamos a ese llamado que ha hecho la Cámara Inmobiliaria de Venezuela a no caer en especulaciones».
«También hay especuladores que solo con el anuncio dicen: ‘Ah, bueno, vamos a revisar las leyes inmobiliarias y yo aumento el piso que estaba aquí del valor del alquiler; ahora es el tope».
Ante este escenario, recalcó que «esas son las cosas que nosotros también tenemos que evitar», advirtió el legislador sobre la presencia de actores del mercado que han intentado modificar los precios de forma arbitraria debido al debate legislativo.
Por otra parte, Sergent indicó que existen sectores que «buscan resolver, a través de la penalización o la criminalización de la relación arrendataria, una situación de desalojo o de reubicación de las personas».
Para contrarrestar esta práctica, el diputado detalló las acciones de coordinación institucional que se iniciaron durante la última semana.
«Tuvimos dos diputados, una diputada y mi persona, reunidos en el Ministerio Público, bueno, para evitar que se siga dando también un conflicto que en los últimos meses se venía dando, que tiene que ver con la criminalización de las personas que son inquilinas, que habitan una vivienda y son acusadas de una vía que no es, del presunto delito de invasión», especificó Sergent para concluir.
