El Parlamento escocés aprobó este martes 26 de mayo la propuesta del Gobierno autonómico de solicitar a Londres la transferencia de competencias necesarias para celebrar un segundo referéndum de independencia, pese al rechazo reiterado del Ejecutivo central.
La iniciativa impulsada por el ministro principal escocés, John Swinney, salió adelante por 72 votos a favor y 55 en contra gracias al apoyo conjunto del Partido Nacional Escocés (SNP) y los Verdes escoceses, que mantienen una mayoría favorable a la independencia en el Parlamento regional de 129 escaños.
Sin embargo, el Gobierno británico del laborista Keir Starmer ya ha reiterado públicamente su rechazo a autorizar una nueva consulta soberanista durante esta legislatura.
La cuestión independentista volvió al centro del debate político escocés tras las elecciones autonómicas celebradas este mes, en las que el SNP obtuvo 58 diputados y los Verdes escoceses 15, superando conjuntamente la mayoría absoluta fijada en 65 escaños.
Durante su intervención ante la Cámara, Swinney defendió que la independencia representa una “oportunidad de oro” para la nación histórica y pidió al Parlamento “poner el futuro de Escocia en manos de Escocia”.
El dirigente nacionalista sostuvo además que las elecciones autonómicas del pasado 7 de mayo otorgaron “la mayor mayoría independentista de la historia de la autonomía” y afirmó que existe un “mandato democrático claro” para permitir que los escoceses decidan su futuro constitucional.
El ministro principal aprovechó además su primera gran comparecencia parlamentaria desde su reelección para presentar las prioridades de su nuevo Ejecutivo, centradas en el coste de vida, la sanidad pública, el crecimiento económico y la reforma de los servicios públicos.
“Lideraré un Gobierno que siempre estará del lado de Escocia”, afirmó el líder del SNP, que defendió además que los recursos energéticos escoceses deben estar “en manos de Escocia”.
Oposición dividida
El debate parlamentario evidenció también la fuerte división política sobre la cuestión constitucional en el arranque de la nueva legislatura escocesa.
El líder de los conservadores escoceses, Russell Findlay, acusó al SNP de mantener al país atrapado en una “parálisis constitucional” y criticó que el primer gran debate parlamentario no estuviera centrado en la sanidad o la economía.
Por su parte, el líder laborista escocés, Anas Sarwar, reclamó priorizar los servicios públicos y volvió a cargar contra el SNP tras declararse culpable el exdirector ejecutivo del partido Peter Murrell, exmarido de la exministra principal Nicola Sturgeon, de malversar más de 400.000 libras (unos 464.000 euros) de fondos de la formación independentista.
Escocia celebró en 2014 un primer referéndum de independencia, en el que el 55 % de los votantes rechazó abandonar el Reino Unido.
El Tribunal Supremo británico dictaminó en 2022 que el Parlamento escocés no puede convocar unilateralmente un referéndum sin autorización previa del Gobierno británico.
Pese a la aprobación parlamentaria de la iniciativa, el Gobierno británico mantiene su negativa a transferir a Escocia las competencias necesarias para convocar legalmente otra consulta soberanista.
Tras la votación, Swinney afirmó que “el Parlamento democráticamente elegido de Escocia ha hablado” y sostuvo que el respaldo parlamentario marca “el inicio de un proceso” que, a su juicio, llevará a Londres a aceptar un nuevo referéndum.
