Un fuerte reclamo de justicia y libertad marcó el funeral de Carmen Navas, de 86 años, quien falleció el pasado domingo. Navas se había convertido en un símbolo para los familiares de los presos políticos en el país, y su deceso se produjo apenas diez días después de que las autoridades estatales confirmaran que su hijo, Víctor Quero, había muerto diez meses antes mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, reseñó EFE.
Durante el sepelio, cientos de personas acompañaron el traslado del féretro blanco hacia un cementerio ubicado en el este de Caracas, manifestándose con consignas de «¡Justicia, justicia, justicia!». El cuerpo de Navas fue sepultado en el mismo sector donde hace casi dos semanas fue enterrado su hijo, de 51 años, cuyo cadáver debió ser exhumado por disposición del Ministerio Público en el marco de la investigación penal iniciada tras la confirmación tardía de su fallecimiento. En los alrededores de la sepultura se encuentran también los restos de otros catalogados como presos políticos, entre ellos el exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel.
El sepelio contó con la presencia de dos de los cuatro hijos de Navas, allegados, defensores de derechos humanos y familiares de detenidos, quienes asistieron vistiendo camisetas con la consigna «liberan a todos los presos políticos». Previo al entierro en el cementerio, el féretro fue trasladado en caravana desde la funeraria tras oficiarse una misa de despedida. Durante los actos religiosos e institucionales, se entonó el himno nacional y se expuso una imagen de Navas y Quero acompañados por la frase: «solo fui a reencontrarme con mi hijo». Su hijo Gabriel Quero solicitó a los medios apagar las cámaras durante su intervención, expresando que la lucha de su madre residía en todos los presentes y pidiendo dignidad para el nombre de Carmen Teresa Navas.
Este suceso representa el epílogo de un caso que ha reabierto el debate público en torno a la liberación de las personas que organizaciones no gubernamentales y familiares denuncian como detenidas por motivos políticos, a pesar de que el Ministerio Público los procese bajo acusaciones de delitos comunes. La última aparición pública de Navas ocurrió el pasado viernes, cuando asistió a una misa en memoria de su hijo. Durante 16 meses, la madre buscó a Víctor Quero en diversos centros de reclusión denunciando su desaparición forzada, ante la falta de respuestas institucionales a sus solicitudes.
La confirmación sobre el paradero y deceso de Víctor Quero Navas se dio a conocer formalmente el pasado 7 de mayo a través de un comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario. El documento oficial detalló que el ciudadano, de profesión comerciante, falleció en julio de 2025 —seis meses después de haber sido detenido— a causa de una «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo», derivando diez días después en una «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».
El retraso de diez meses en la notificación del fallecimiento generó cuestionamientos por parte de partidos políticos, activistas y decenas de ONG. Ante esto, la Fiscalía, presidida por Larry Davoe, anunció la apertura de una investigación penal que cuenta con el respaldo del Parlamento. Asimismo, la noche del lunes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó una averiguación de carácter riguroso sobre la muerte del detenido.
Respecto a las circunstancias de la detención original, el director vicepresidente de la organización Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó que Quero Navas fue interceptado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en las inmediaciones de una plaza de Caracas durante el año 2025. Según los informes de la referida ONG, el motivo de la aprehensión se vinculó supuestamente a su pasado institucional, debido a que prestó servicio militar en 2023. Dicha vinculación técnica habría fundamentado que el Estado lo procesara bajo los cargos de traición a la patria, conspiración y terrorismo.
De acuerdo con los registros actuales provistos por la organización Foro Penal, la cifra de presos políticos en Venezuela asciende a 454 personas.
Con información de EFE
