No escatima las críticas a la Ley contra el Odio; de hecho, afirma que la única salida coherente «es la derogación», porque en 2018 la norma se aplicó contra manifestantes y personas que denunciaron la situación económica, en 2019 se extendió al periodismo, en 2020 se empleó para criminalizar la discusión sobre la pandemia, en 2022 alcanzó los estados de WhatsApp y se ha utilizado contra contenidos de TikTok.
Pero Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que la sociedad y las autoridades venezolanas deben dar un debate sobre la norma, y escuchar los argumentos que cada sector esgrime.
Prohibir los discursos de odio es una medida para proteger a las personas de manifestaciones como el racismo y la xenofobia, no a los gobiernos, pero en Venezuela se ha usado para resguardar a las autoridades, explicó Vaca durante el foro convocado por Espacio Público para analizar este tema.
«He leído hasta la saciedad tuits de autoridades en Venezuela que están a favor de la ley; que señalan a personas como parte de complot», detalló.
Crítica como delito
La norma, aprobada en 2017 por la asamblea constituyente, restringe el derecho a la libertad de expresión y ha tenido un efecto intimidatorio en la población, indicó el relator. Incluso, recordó, se ha forzado a las personas a arrepentirse de la difusión de un contenido y se ha hostigado a quienes han acudido a la CIDH «en un claro abuso de poder». También se ha creado un mecanismo de extorsión y se ha hecho ver «a la ciudadanía que una crítica es un delito».
Pero hay una buena noticia, y es «que se está activando la conversación», remarcó. «La prioridad, para un país como Venezuela, es recuperar el discurso especialmente protegido y las garantías, y hay suficientes elementos para pensar en una derogatoria» de la ley.
Si en Venezuela «hay una proliferación de discursos» que incitan a la violencia, «activemos una conversación» sobre el tema para ver cómo encuadrar las normas con la doctrina internacional. Si uno de los problemas del país es la restricción del espacio cívico, hay que hacer esfuerzos «para sumar garantías a la libertad de expresión, cuáles garantías se han perdido y qué instrumentos normativos institucionales» deben activarse.
La conversación, juzó, «no es sobre el discurso de odio, sino sobre cómo recuperar unas garantías altamente perdidas con una sociedad civil que es ejemplo en la región de trabajo en derechos humanos con condiciones adversas».
Lo que se protege, lo que se sanciona
En su análisis, Vaca refirió que hay una línea entre las garantías y las sanciones en el ámbito de la libertad de expresión. El discurso sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos, sobre recursos públicos y funcionamiento del Estado «es un discurso especialmente protegido» por la doctrina interamericana; en el otro extremo se ubican la violencia y la incitación al odio por la nacionalidad o la religión, la explotación sexual infantil o la apología del genocidio. «Es decir, que hay una escala de gradualidad», precisó.
En América Latina se cuenta con argumentos para proteger el debate democrático que busca el escrutinio del poder, resaltó el relator, así como también hay elementos para resguardar a las poblaciones que pueden ser hostilizadas por distintas razones.
