Carlos Correa, periodista y profesor universitario, sigue sometido a medidas cautelares luego de haber sido detenido (como prohibición de salida del país). Aunque ha documentado en primera persona las consecuencias de una detención arbitraria y un proceso judicial, el coordinador de Espacio Público no deja que el desánimo lo embargue. Y el hecho de que las autoridades hablen de paz y convivencia lo anima a tomarles la palabra.
Paz y convivencia, manifestó, significa que se eliminen las consecuencias ulteriores por expresar una opinión o por informar.
«Nosotros creemos que se puede empezar hoy mismo en la dinámica de justicia y paz. Se puede avanzar en la liberación plena» de las personas que han sido enjuiciadas o encarceladas por ejercer la liberta de expresión. «Los casos, a nuestro juicio y de acuerdo con el análisis que hemos hecho, no deberían estar siendo procesados judicialmente ni detenidos, porque esas leyes son contrarias a la Constitución venezolana y contrarias a las obligaciones que libremente la sociedad venezolana asumió en el contexto del derecho internacional», explicó durante la presentación del informe de Espacio Público sobre la libertad de expresión en el país en 2025 y 2026.
Correa solicitó también la derogatoria de la Ley Constitucional contra el Odio, porque fue aprobada por una asamblea constituyente que no tenía la facultad para hacerlo y porque ha sido utilizada de manera sistemática para restringir la libertad de expresión. Puede eliminarse por una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, porque un juez decide no aplicarla, porque el Ministerio Público deja de usarla, enumeró.
El investigador demandó el fin del bloqueo contra medios de comunicación y plataformas de comunicación. «El bloqueo de los portales web es un bloqueo arbitrario. No ha habido ningún procedimiento administrativo, no hay ningún procedimiento judicial, no hay ningún mecanismo de apelación mediante el cual la gente pueda decir ‘este sitio está bloqueado’. Eso tiene un impacto en los medios y en los periodistas», alertó.
Como lo enfatizó, «si realmente queremos construir justicia y paz, la justicia necesita verdad y reparación. Verdad individual para todas aquellas personas que estuvieran detenidas: ¿Quién ordenó la detención? Por qué fue detenida, cómo ocurrió. Verdad pública». Y, también, reparación y garantía de no repetición. Se refirió, concretamente, «a la restitución de los equipos, la necesidad de la indemnización en algunos casos, la rehabilitación» física y psicológica.
Hay «gestos que saludamos», remarcó, pero son insuficientes de cara al daño acumulado.
