Un documento con sello oficial reveló la presunta existencia de una red de corrupción dentro del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC). La denuncia, que cuenta con acuse de recibo fechado el 3 de marzo de 2026, señala la exigencia de pagos de hasta 5.000 dólares a cambio de la emisión de permisos ambientales necesarios para operar legalmente.
En el escrito se identifica a los ciudadanos Luz Gardenia Tirado, José Pereira, Juan Carlos Paz Fernández y Victoria Ziley Garnica González como los presuntos involucrados en un esquema irregular. Según el denunciante, los señalados participarían en una cadena de cobros donde se le atribuye a Tirado un rol central en la gestión de estas operaciones ilícitas.
«Si no hay pago, no hay firma»
La denuncia describe una dinámica impositiva en la que el desembolso de divisas se presenta como una condición indispensable para obtener el aval institucional. El texto sostiene que, bajo esta premisa, la gestión de documentos se encuentra paralizada para quienes no acceden a las pretensiones económicas de los funcionarios.
“Si él no recibe dinero, no se emiten permisos”, se lee textualmente en el documento, donde además se detallan reuniones celebradas fuera de las sedes ministeriales y la supuesta participación de intermediarios para canalizar los fondos.
El afectado resalta que estas prácticas no representan un caso aislado, sugiriendo que otros usuarios han enfrentado situaciones similares, pero han optado por el silencio debido al temor a posibles represalias que comprometan sus actividades.
Impacto económico e investigación judicial
Más allá de los señalamientos administrativos, el documento refleja el impacto en la esfera personal y profesional del denunciante. El escrito afirma que la falta de acceso a la permisología por vías legales compromete directamente su actividad económica y, por extensión, el sustento de su núcleo familiar.
La situación ha trascendido el ámbito administrativo y se encuentra actualmente en manos del sistema de justicia. De acuerdo con el reporte, la denuncia fue presentada ante el Ministerio Público y asignada a la Fiscalía 78 del Área Metropolitana de Caracas, bajo el número de investigación MP-2649-2026.
Pese a la gravedad de los señalamientos y al curso de las investigaciones judiciales, el denunciante manifestó en el escrito su preocupación debido a que las personas señaladas mantienen sus funciones y cargos públicos. Hasta la fecha, no se ha producido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades del MINEC ni se han dado a conocer avances sobre el estado procesal de la investigación llevada por el Ministerio Público.
