En Venezuela se registraron 122 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2026, un 48 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se documentaron 236 casos, de acuerdo a un informe publicado este jueves por la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«Estos hechos evidencian la continuidad de una política sistemática de criminalización, represión y control social, dirigida a restringir y sancionar el derecho a defender, promover y exigir derechos humanos», señaló la organización en el boletín publicado en su página web.
Asimismo, dijo que lejos de ser eventos aislados, los ataques registrados reflejan un patrón sostenido de persecución que busca inhibir la acción cívica y debilitar el espacio cívico y democrático.
A su juicio, la disminución en el número de casos, con respecto a 2025, no responde al cese de las prácticas represivas, sino que es consecuencia directa del endurecimiento de las restricciones al espacio cívico, de la persistente estigmatización de las personas y organizaciones defensoras «como enemigas del Estado».
Del total de casos, 82 fueron estigmatización, 35 de hostigamiento e intimidación, 4 amenazas y 1 ataque digital. Los principales responsables, prosiguió la ONG, fueron funcionarios públicos (44 %), medios de comunicación «gubernamentales» (25 %), actores afines al Gobierno (23 %) e instituciones públicas (8 %).
El CDJ señaló que al cierre del primer trimestre de este año, defender, promover y exigir derechos humanos implica riesgos porque el Estado, ahora liderado por Delcy Rodríguez tras la detención de Nicolás Maduro, mantiene vigente el «aparato represivo y se continúan cometiendo agresiones en contra de personas y organizaciones de derechos humanos».
«La transición a la democracia necesariamente pasa por la apertura del espacio cívico y el respeto del Estado de derecho, siendo esencial que las libertades fundamentales puedan ejercerse sin temor a represalias», agregó.
