El gobierno de Donald Trump, bajo el liderazgo del secretario Markwayne Mullin y el director Joseph B. Edlow, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció este lunes el inicio de un proceso intensivo de reevaluación de beneficios migratorios otorgados durante la administración anterior.
En una publicación en las redes sociales de UCISIS indicó que esta medida busca auditar casos de green cards, asilos y otros beneficios que, según la dirección actual, fueron concedidos sin una investigación exhaustiva.
Under the leadership of @POTUS, @SecMullinDHS, and @USCISJoe, we are re-vetting cases for people who were granted immigration benefits during the Biden administration—when there was no vetting.
— USCIS (@USCIS) April 20, 2026
There’s vetting now, so be prepared to face the consequences: https://t.co/NvyUxO0HPu
El director Edlow advirtió que la agencia ha acelerado sus investigaciones de fraude, dirigiéndose específicamente a quienes aprovecharon lo que calificó como una falta de escrutinio previa.
«Incluso si ya cometieron fraude y creen que se han salido con la suya, vamos a regresar», declaró el funcionario en una entrevista reciente, subrayando que ahora existe una supervisión estricta para garantizar que los beneficios permanezcan solo en manos de quienes cumplen legalmente.
Por otro lado, detallaron que desde enero de 2025, USCIS ha registrado un incremento del 138% en las remisiones de casos a la Dirección de Seguridad Nacional y Detección de Fraude, alcanzando casi 33.000 expedientes.
Iniciaron las investigaciones
De la misma manera, señalaron que de las investigaciones ya completadas, los oficiales han identificado fraude en un 65% de los casos, tras realizar más de 26.000 revisiones en redes sociales y miles de visitas domiciliarias para detectar amenazas a la seguridad pública.
Detallaron que como parte de este esfuerzo, se lanzó la «Operación PARRIS», enfocada inicialmente en revisar casos de refugiados en el área de Minneapolis-St. Paul.
Explicaron que este operativo pone especial énfasis en solicitantes de países con altos índices de tácticas de fraude migratorio documentadas, permitiendo a los investigadores federales identificar inconsistencias en los expedientes que habían sido aprobados previamente.
Por último, el Departamento de Seguridad Nacional enfatizó que cualquier persona que haya obtenido su estatus mediante engaños debe estar preparada para enfrentar las consecuencias legales, que incluyen la revocación de beneficios y posibles procesos de remoción del país.
