Alrededor de medio centenar de personas se concentraron este martes 21 de abril frente a una céntrica estación de Tokio para protestar contra la guerra y contra lo que consideran un creciente militarismo por parte del Gobierno japonés, el mismo día en que Tokio anunció una revisión de sus normas de exportaciones para permitir la transferencia de armas a países aliados.
«Estoy muy en contra. Debemos rechazarlo», dijo a EFE sobre las exportaciones de armamento Terumi, una mujer de 51 años que trabaja en una compañía educativa.
La manifestante lleva desde marzo uniéndose a las protestas que convocan regularmente las asociaciones japonesas antiguerra, alarmada por las noticias sobre los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y el efecto del bloqueo al estrecho de Ormuz en el suministro energético de Japón.
Las manifestaciones suelen centrarse en la protección del artículo 9 de la Constitución japonesa, la cláusula pacifista que renuncia a la guerra como mecanismo para resolver conflictos.
Estos días, las convocatorias atraen cada vez a más personas, preocupadas por los planes del actual Gobierno de Sanae Takaichi de modificar la Carta Magna para consagrar el papel de las Fuerzas de Autodefensa (el Ejército japonés) en la defensa del país.
Alrededor de 36.000 ciudadanos se unieron este pasado domingo a una protesta contra la revisión del artículo 9 de la Constitución frente al Parlamento japonés, según los organizadores, apenas once días después de una manifestación similar que atrajo a unas 30.000 personas.
«La primera ministra Takaichi y su Gobierno están intentando destruir el artículo 9», aseguró Terumi, que llevaba un cartel con las palabras «no a la guerra» y «no más Takaichi».
Otra manifestante, Hatsumi Abe, se enteró de la convocatoria de este martes en redes sociales y decidió acudir para «alzar la voz» contra el Gobierno japonés.
«Están intentando destruir la Constitución, y si eso nos lleva a la guerra, creo que mis hijos y muchas otras personas perderán la vida, y eso me asusta», confesó la mujer.
Takaichi se ha mostrado partidaria de reformar la Constitución para recoger explícitamente el papel de las Fuerzas de Autodefensa, unos planes que parecen más cerca tras su abrumadora victoria en las elecciones generales anticipadas de febrero, donde la coalición que lidera logró una supermayoría de más de dos tercios en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.
Una reforma constitucional, sin embargo, requiere también el apoyo mayoritario de la Cámara Alta, donde la coalición gobernante está en minoría, y la mandataria no ha presentado de momento planes concretos para llevarla a cabo.
La protesta de este martes coincide con el anuncio del Gobierno japonés de que permitirá la exportación de armamento a países aliados, un giro a las políticas pacifistas del archipiélago desde la Segunda Guerra Mundial que Takaichi ha defendido como una forma de reforzar su cooperación defensiva en un entorno de seguridad cada vez más complejo.
«Ningún país puede proteger su paz y seguridad por sí solo», afirmó la mandataria en la red social X, al subrayar que las exportaciones «contribuirán a mejorar las capacidades de defensa» de los aliados de Japón.
La decisión también busca impulsar la industria nacional de defensa, limitada hasta ahora a producir únicamente para las Fuerzas de Autodefensa, y mejorar su capacidad de suministro.
