Un grupo de familiares de personas detenidas por motivos políticos acudió este miércoles a la sede del Ministerio Público para consignar un documento en el que denuncian una reciente ola de maltratos y represión en el centro penitenciario El Rodeo I. Andreina Baduel, portavoz del grupo, calificó los hechos ocurridos la semana pasada como una «arremetida de violencia institucional» que cumple siete días sin obtener una respuesta oficial veraz.
Durante la entrega del documento, Baduel señaló que la información suministrada hasta ahora por las autoridades a través de comunicados oficiales se encuentra «alejada de la verdad» y busca desmentir situaciones de gravedad que han sido documentadas por los propios familiares mediante audios y testimonios públicos de los internos solicitando auxilio.
Solicitud de investigación con veeduría internacional
La petición entregada a la Fiscalía no solo exige el cese de los tratos crueles, sino que insta a la apertura de una investigación independiente que cuente con los siguientes elementos:
- Participación activa de las víctimas en el proceso.
- Veeduría de organismos internacionales.
- Transparencia en la publicación de material audiovisual sobre los protocolos de seguridad aplicados.
Baduel enfatizó que esta es la decimotercera vez en casi dos años que acuden a dicha instancia para denunciar tratos inhumanos y opacidad en los procesos, sin recibir hasta la fecha soluciones efectivas que garanticen la integridad física de los detenidos.
Cuestionamientos a la gestión fiscal
La vocera expresó su rechazo a la postura de la nueva gestión fiscal, señalando que se han emitido declaraciones que desestiman las denuncias de los familiares. En este sentido, exhortó a las autoridades a que, si sostienen que se han respetado los protocolos de vida, hagan públicos los videos de las cámaras de seguridad del penal para contrastarlos con las denuncias de «el infierno» que, asegura, representan las instalaciones de El Rodeo I.
De manera simultánea, otro grupo de familiares se movilizó hacia la Defensoría del Pueblo para consignar denuncias similares, manifestando que hasta el momento no han tenido comunicación directa con la nueva titular de ese despacho.
Aunque no existe una cifra oficial precisa debido a la falta de información por parte del Estado, los familiares estiman que en El Rodeo I permanecen recluidos aproximadamente 150 presos políticos, una cifra que incluye tanto a ciudadanos venezolanos como a extranjeros. Ante este escenario, la petición principal del grupo se mantiene firme: el cierre definitivo de dicho centro penitenciario y el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad.
