Militares venezolanos detuvieron a cuatro personas en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) por su presunta vinculación con la minería ilegal, informó este jueves la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada).
El componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) indicó, en Instagram, que los funcionarios desmantelaron cuatro campamentos logísticos y cuatro balsas flotantes que eran usadas para la extracción ilícita de minerales en esa región.
Además, dijo que los sujetos no tenían documentos de identidad.
La GNB también incautó 100 kilos de casiterita (mineral de óxido de estaño), una turbina de impulsión de agua, dos motocicletas, tres teléfonos celulares, así como alfombras, bombonas, caretas de buceo, mangueras de oxígeno y recipientes para extraer los minerales.
El pasado 9 de marzo, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado afirmó que el estado Bolívar está devastado por la «explotación minera criminal», previo a la sesión parlamentaria en la que se aprobó, en primera discusión, el proyecto de ley de minas, que aún deberá superar un segundo debate para quedar sancionada.
En Bolívar, el estado más grande de Venezuela, está el Arco Minero del Orinoco, una región donde predominan bauxita, tierras raras, hierro, oro y otros minerales, según el Plan Sectorial Minero 2019-2025 elaborado por el Gobierno de Nicolás Maduro para explotar la zona.
En marzo pasado, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación y comercialización de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, un sector que hasta ahora estaba sujeto a sanciones.
La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno de Venezuela o a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).
La ONG SOS Orinoco consideró, en un comunicado, que esta licencia mantiene el «ecocidio y blanquea la riqueza criminal» que asegura existe en regiones de la Amazonía venezolana, que comprende además de Bolívar, los estados Amazonas (sur, fronterizo con Colombia y Brasil) y Delta Amacuro (noreste).
A juicio de esa organización, la autorización requiere que Estados Unidos proporcione «planes de debida diligencia de la cadena de suministro», aunque, añadió, «no hay forma de supervisar lo que ocurre dentro de Minerven o en las Áreas Protegidas remotas del sur de Venezuela, donde toda la minería está prohibida por ley».
