Las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonito, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Así lo advirtió este martes un nuevo informe sobre la situación en ese país a cargo de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en rueda de prensa por su portavoz Marta Hurtado.
Según el informe, las bandas han conseguido fortificar corredores estratégicos y mantener su dominio sobre rutas marítimas y terrestres críticas que sostienen y financian sus operaciones.
La violencia de bandas fue responsable de 1.424 muertes y 790 heridos en el periodo comprendido en el informe, mientras que las operaciones de las fuerzas de seguridad contra ellas causaron al menos 3.497 muertes y 1.742 heridos, incluidos 247 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Para esas operaciones, el Gobierno haitiano habría contratado desde marzo de 2025 a una empresa militar privada, Vectus Global, con vínculos con una compañía estadounidense, aclaró Hurtado.
Según el informe de la oficina de la ONU, la empresa participó en operaciones que incluían el uso de drones y disparos desde helicóptero que «en la mayoría de los casos podrían describirse como asesinatos selectivos». Hurtado recordó que estas empresas militares «deben cumplir las mismas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que la policía nacional».
A esto se suma la violencia de los grupos de autodefensa que, armados con piedras, machetes y armas de fuego de alto calibre, linchan a individuos sospechosos de pertenencia a bandas o de ser culpables de delitos.
Lo que llaman «justicia popular» ha causado 598 muertos y 76 heridos desde marzo de 2025 hasta comienzos de este año.
Hurtado subrayó que las bandas han asesinado y secuestrado a personas, traficado con niños, extorsionado dinero a los negocios y saqueado propiedades públicas y privadas. Además, hay registro de al menos 1.571 mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y otros, incluidos niños, obligados a mantener relaciones con miembros de las bandas.
