En el contexto de las recientes actualizaciones del marco legal que regula las actividades económicas en el país, la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines (SVIAA) ha planteado formalmente la necesidad de reformar la Ley de Tierras. Esta propuesta surge tras la aprobación de cambios en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Minas, buscando que el sector agrícola también se adapte a las nuevas dinámicas de inversión.
El objetivo central de esta iniciativa es optimizar el rendimiento del campo venezolano mediante el fortalecimiento de la seguridad jurídica. Según la organización, una modificación en el texto legal permitiría regularizar la tenencia de la tierra para un número considerable de productores que, en la actualidad, no poseen la documentación correspondiente, lo que facilitaría la llegada de capitales frescos al sector.
Saúl López, presidente de la SVIAA, destacó durante una entrevista en el programa «Venezuela productiva» (Fedecámaras Radio) que el campo nacional experimentaría un beneficio significativo si se ajustan las normativas vigentes. López subrayó la importancia de que la tierra esté en manos de quienes poseen la capacidad técnica para trabajarla.
«Nosotros pensamos que se debe priorizar la adjudicación de tierra a los que están en la zona y también a los profesionales del agro, que saben también cómo producir alimentos», afirmó el representante gremial.
A pesar de los avances legislativos propuestos, la SVIAA advirtió que la seguridad física sigue siendo una preocupación crítica para los trabajadores rurales. Como ejemplo de la vulnerabilidad en las zonas productivas, se citó un incendio provocado el pasado viernes en una unidad de producción en el estado Guárico.
López puntualizó que los hechos delictivos representan un obstáculo constante que afecta la operatividad de los productores agrarios: «Los hechos delictivos son un flagelo que impide el correcto funcionamiento de los productores agrarios», sentenció.
Con esta propuesta, el gremio de ingenieros agrónomos busca que el Estado venezolano no solo actualice el estatus legal de las tierras, sino que también implemente mecanismos que protejan la integridad de las unidades de producción frente a la criminalidad.
