Alianza del Lápiz pide derogar leyes que «fomentan la arbitrariedad» e impulsar la amnistía laboral

Antonio Ecarri denunció casos emblemáticos como el del dirigente sindical Daniel Romero y la detención de jubilados de la tercera edad que solo reclamaban condiciones dignas. "Un país no puede reconciliarse en medio de violaciones a los derechos laborales" / Theodoraskis Morales Flores-@theodoraskis

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Durante su intervención, en la rueda de prensa de la sede del partido Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri fue enfático al señalar que para avanzar hacia un Estado de Derecho, la Asamblea Nacional debe aprovechar el nuevo proyecto de ley para derogar normativas que, a su juicio, son inconstitucionales y sirven como instrumentos de persecución política. Entre estas, mencionó específicamente la «Ley contra el Odio«.

«Esa ley debería ser derogada en esta misma ley de amnistía», propuso el diputado, calificándola como una norma para la arbitrariedad. Según su visión, si el país está apostando por la convivencia y el progreso, se deben eliminar las «puertas giratorias» legales que permiten encarcelar a ciudadanos y periodistas por ejercer su derecho a la crítica y a la libertad de expresión.

En ese sentido, aseveró que «hay una legislación que tiene que proteger a nuestros derechos del odio. Esos son los verdaderos leyes del odio. Las leyes contra el odio deberían estar atendiendo otra cosa, no fomentando el odio. Es editando el odio. Entonces, evidentemente, esas esas normas, esas leyes tienen que ser derogadas porque son leyes para la arbitrariedad».

Como propuesta central para el debate parlamentario, Antonio Ecarri planteó la incorporación de la figura de la «Amnistía Laboral» en el proyecto de ley. Inspirado en la transición española de 1977, el diputado busca que el Estado renuncie a su poder sancionatorio no solo en lo penal, sino en lo administrativo y laboral, para reparar el daño causado a miles de trabajadores despedidos o perseguidos por razones políticas desde el año 2000.

Ecarri denunció casos emblemáticos como el del dirigente sindical Daniel Romero y la detención de jubilados de la tercera edad que solo reclamaban condiciones dignas. «Un país no puede reconciliarse en medio de violaciones a los derechos laborales», sentenció, subrayando que la reparación de quienes fueron víctimas de listas discriminatorias (como la lista Tascón o Maisanta) es clave para la paz social y para garantizar un entorno estable a las nuevas inversiones internacionales.

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