La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela acogió este lunes con cautela la aprobación preliminar por la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de Amnistía, destacando que podría servir para restablecer el «tejido político», pero que corre el riesgo de no beneficiar a todos los presos políticos.
«Una ley de amnistía ofrece una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela», reconoció en un comunicado el experto de la misión Alex Neve, quien subrayó que el impacto de la ley dependerá de que se aplique de forma transparente y amparada en los derechos humanos.
María Eloísa Quintero, también miembro de la misión, manifestó por su parte preocupación por el hecho de que la amnistía pueda concederse únicamente a delitos políticos, «dejando fuera otras formas de criminalización, como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria».
«Una amnistía de alcance limitado corre el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos y no garantiza, por sí sola, la restitución plena de sus derechos», advirtió.
La misión explicó que tal como está redactada actualmente, la ley podría no aplicarse a personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos que, en apariencia, no son políticos, como aquellos contra el patrimonio público.
La misión que preside desde su creación en 2019 la portuguesa Marta Valiñas también manifestó su inquietud por la ausencia de consultas públicas para elaborar el proyecto de ley, y señaló que es necesario un proceso transparente, «con participación significativa de las víctimas, sus familiares y la sociedad civil».
También destacó que la Ley de Amnistía deberá ir acompañada de otras reformas estructurales para «desmantelar el marco legal y las prácticas que han permitido la persecución por motivos políticos, a fin de prevenir nuevas detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos».
La Ley de Amnistía contempla liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo, y excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.
