En un esfuerzo conjunto por rescatar las garantías democráticas en el país, una coalición de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y movimientos estudiantiles emitieron este viernes un comunicado oficial exigiendo a la Asamblea Nacional la derogación inmediata de las leyes que criminalizan el pensamiento crítico y la participación ciudadana.
Bajo la consigna #NoMasLeyesRepresivas, el bloque de organizaciones —entre las que destacan La República TV, El Laboratorio de Paz, FundaRedes, Alianza de Mujeres Políticas e incluso organizaciones internacionales como el Centro de Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)— sostiene que cualquier transición democrática o discurso de «paz y convivencia» es inviable mientras persistan los instrumentos legales utilizados para la persecución política. A esta exigencia se han sumado con determinación la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) y la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Los Andes (FCU-ULA), junto a diversos grupos estudiantiles de ambas casas de estudio.
Un paso coherente ante los cambios económicos
El comunicado enfatiza una contradicción fundamental: mientras el Poder Legislativo avanza en reformas para adaptar la economía y la industria petrolera a la nueva realidad geopolítica del 2026 que surgió luego de los hechos del 03 de enero, mantiene intacto el sistema de control social.
«Si el Ejecutivo cede en lo económico por necesidad, el Legislativo debe verse forzado a derogar el sistema de control social por exigencia de la justicia», reza el documento suscrito por la coalición.
Las exigencias clave
La coalición de las +20 organizaciones solicita la eliminación de cuatro pilares del sistema de hostigamiento actual:
- La «Ley contra el Odio» y artículos del Código Penal: Denunciados como la base para mantener a más de 800 presos políticos y más de 20.000 causas judiciales abiertas.
- La Ley RESORTE-ME: Utilizada para amparar la censura y el amedrentamiento contra medios de comunicación y plantas televisivas.
- El paquete de «Muerte Civil» (Ley Anti-ONG y Ley Simón Bolívar): Normas que institucionalizan la persecución ideológica, la inhabilitación perpetua y asfixian la asistencia humanitaria.
- Decreto de Estado de Conmoción Exterior: Señalado como una herramienta de extorsión y persecución que contradice incluso los recientes acuerdos de cooperación internacional entre Estados Unidos y Venezuela.
Detener la «Puerta Giratoria»
Para los firmantes, entre los que también se encuentran Voto Joven, Gritemos con Brío, Caleidoscopio Humano e Instituto Forma, la derogación de estas leyes es la única vía para clausurar la «puerta giratoria» de las detenciones arbitrarias. Al eliminar estos instrumentos, el Estado perdería la facultad de avalar «legalmente» la represión ante la mirada de la comunidad internacional.
El comunicado concluye advirtiendo que no habrá paz verdadera sin justicia, y que el camino hacia elecciones libres solo será posible cuando los venezolanos puedan asociarse, organizarse y expresarse sin el temor a represalias judiciales.
