La rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos del régimen de Irán, donde la sangrienta represión de la última ola de protestas ha causado miles de muertos, «no puede lograrse con el uso de la fuerza militar, provenga ésta del interior o del exterior», advirtió este viernes el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk.
En una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicada a Irán a la luz de los recientes sucesos, Türk aseguró que «la retórica agresiva y las amenazas son profundamente contraproducentes«, y subrayó que es necesario reducir las tensiones en toda la región.
El alto comisionado de derechos humanos también exhortó a las autoridades iraníes a «poner fin a su brutal represión, incluidos los juicios sumarios y las condenas desproporcionadas», y exigió la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente en las protestas de finales de diciembre y principios de enero.
También exigió el fin del apagón en internet y las telecomunicaciones, que impide a la población iraní comunicarse con otros fuera del país o informarse de lo que ocurre a su alrededor.
«Exhorto asimismo a las autoridades a iniciar reformas que incluyan medidas para reconstruir la confianza y reparar el contrato social, así como a comprometerse con el sistema internacional de derechos humanos», agregó Türk.
«La represión violenta del pueblo iraní no resuelve ninguno de los problemas del país», señaló el alto comisionado austriaco, advirtiendo que en lugar de ello «crea condiciones para nuevas violaciones de derechos humanos, inestabilidad y derramamiento de sangre».
Türk denunció que manifestantes pacíficos fueron asesinados en las calles y en zonas residenciales, incluyendo universidades y centros médicos de diferentes ciudades iraníes.
«Imágenes en vídeo muestran cientos de cuerpos en morgues, con heridas mortales en la cabeza y el pecho», denunció en su intervención en la sesión especial, presidida por el embajador español ante la ONU en Ginebra, Marcos Gómez.
La relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, también intervino para manifestar su preocupación por la «peligrosa retórica» del régimen de los ayatolás a la hora de calificar a manifestantes pacíficos como «terroristas», «alborotadores» o «mercenarios», algo con lo que «pretende justificar represiones brutales, ignorando el carácter interno y orgánico del levantamiento».
«El uso de fuerza excesiva y de la pena de muerte contra manifestantes pacíficos demuestra un claro desprecio por el derecho a la libertad de reunión y de expresión, así como por el derecho a la vida», aseguró.
En el turno de réplica, el embajador iraní ante la ONU en Ginebra, Ali Bahreini, proclamó que su país rechazaba una reunión organizada «sólo para ejercer presión contra Irán», patrocinada por «quienes nunca se han preocupado de los derechos humanos de los iraníes, de lo contrario no habrían impuesto inhumanas sanciones o apoyado la agresión israelí».
También defendió que protestas inicialmente pacíficas «del 8 al 10 de enero se transformaron deliberadamente en una violencia que incluyó atentados terroristas y acciones armadas contra el personal del orden público», causando más de 3.200 muertes.
