En un discurso marcado por la exigencia de justicia social y libertades civiles, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Afonso, se pronunció este viernes 23 de enero de 2026. Durante los actos conmemorativos del 68° aniversario del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez, el líder gremial calificó la fecha como «más significativa que nunca» para un país que, a su juicio, sigue ávido de democracia.
Afonso vinculó el concepto de democracia no solo a la alternancia política, sino a la vigencia plena de los derechos económicos y sociales, haciendo especial énfasis en la situación de precariedad que atraviesa la familia venezolana y el sector universitario.
Para el presidente de la APUCV, el restablecimiento de la democracia en Venezuela pasa necesariamente por atender las deudas en materia de derechos humanos y el fin de los mecanismos de control estatal.
«Este país está ávido de que la democracia se manifieste en la comprensión de los derechos civiles y políticos que supone la liberación de todos los que están hoy injustamente, arbitrariamente detenidos; que supone al mismo tiempo la derogación del decreto de conmoción», sentenció Afonso.
El académico insistió en que el objetivo de estas demandas es garantizar que «no vuelva a ocurrir esta historia» de persecuciones y detenciones en el país, especialmente tras la crisis institucional que se ha profundizado en los últimos meses.
Afonso denunció la contradicción entre los anuncios oficiales de prosperidad económica y la realidad de los hogares venezolanos. Criticó que, mientras el gobierno señala que el país cuenta con recursos extraordinarios, la mayoría de la población permanece sumergida en niveles de pobreza alarmantes.
«Es hora y tiempo de que los recursos extraordinarios que todos los días anuncian que van a llegar (…) se manifiesten en la familia venezolana, en los universitarios venezolanos», puntualizó.
El mensaje de Afonso se suma al coro de voces de la sociedad civil que este 23 de enero han condicionado la «reconciliación» ofrecida por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a la solución de la crisis humanitaria y laboral.
