El especialista en petróleo Willian Rodríguez considera que de cara a una reforma de la Ley de Hidrocarburos en Venezuela, el sector energético nacional debe mantener las políticas relacionadas al cobro del Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y poner especial atención a la industria del gas, que jugará un papel primario en el futuro.
Así lo aseguró durante una entrevista concedida a Contrapunto.com en la que inició su intervención, enfatizando que “no entiende” la premura en llevar a cabo este cambio en la legislación, considerando que en el pasado se intentó ejecutar esta tarea “y ese proceso se paralizó en seco”.
“Me sorprendió el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque al inicio del período parlamentario pasado se impulsó la idea de hacer una nueva Ley de Hidrocarburos, e incluso, llegamos a abrir el proceso de consulta en el que recibimos opiniones de universidades, de los consejos productivos de los trabajadores, de los sindicatos, de las cámaras, de mucha gente”, detalló.
No obstante, indicó que cuando se iba a iniciar el proceso «y profundizar la elaboración de un anteproyecto. La decisión política que se tomó fue que no iba a entrar en agenda la reforma de la Ley de Hidrocarburos y ese proceso se paralizó en seco», una situación que, aseguró, le incomodó e insistió en su redacción para el futuro, pero la petición fue negada.
«Recuerdo que a mí me molestó mucho porque le decía a mi hermano, que presidía la Comisión Energía y Petróleo, mientras yo para ese entonces presidía la Subcomisión de Hidrocarburos. Decía que deberíamos, aunque sea avanzar a tener el anteproyecto, pero él dijo que no, porque la orden era no avanzar en eso ‘y no se va a hacer’ y así fue», lamentó.
El exdiputado a la Asamblea Nacional (AN) y antiguo miembro de la Comisión de Energía y Petróleo aseveró que no comprende «la urgencia» de aplicar este cambio a la Ley de Hidrocarburos a pocos días del inicio del nuevo período parlamentario y «del secuestro del presidente, realmente no sé cuál es la urgencia del caso. No la conozco, no se le explicó al país tampoco».
¿Qué se debe contemplar para la reforma?
Al ser consultado sobre aquello que se debe contemplar para modificar la Ley de Hidrocarburos, destacó que en caso de que se esté considerando incorporar a esta legislación «las nuevas figuras que se están usando en el país, producto de la Ley Antibloqueo, algunas de esas figuras contradicen la Constitución», explicó.
«Por ejemplo, la comercialización de nuestros crudos está exclusivamente constitucionalmente prevista para que la haga Petróleos de Venezuela (Pdvsa), es decir, la empresa del Estado. Entonces, formalizar eso en la Ley de Hidrocarburos implica plantearse también hacer los cambios en la Reforma Constitucional que presentó el camarada presidente Nicolás Maduro el año pasado, pero que tampoco nos llegó a los parlamentarios la propuesta de modificación, que era casi modificar un tercio de la Constitución por la magnitud de más de 80 artículos que él presentó», señaló.
Asimismo, reconoció que «las figuras que se están usando hasta hoy en el marco de la Ley Antibloqueo son las que han permitido que la inversión privada esté llegando al país y que nuestra producción haya llegado al tope de 1,2 millones de barriles día. Eso es sumamente importante que se conozca».
Participación de los CPT
Pero, basado en las premisas manejadas cuando presidía la Comisión de Hidrocarburos, rescató que se planteaba la necesidad de «legalizar o formalizar en la Ley la Participación de los Trabajadores a través de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores (CPT), que ha sido un proceso extremadamente interesante en algunas áreas, y en otras áreas no tan interesante, producto de la división de nuestro movimiento sindical y en donde ha habido unidad de las estructuras sindicales con la participación de los trabajadores y coherencia con la gerencia. Bueno, ahí se han dado saltos importantes».
Aseguró que a raíz de la incorporación de los CPT se han «resuelto problemas trascendentales y se han planteado soluciones verdaderamente innovadoras».
«Si recordamos lo que establece el decreto de la creación de los CPT, prácticamente le entrega a estos consejos la responsabilidad de la producción, y para asumir la producción tienes que gerenciar el proceso, o sea que tienes que dirigir el proceso. Entonces, ese es un decreto muy revolucionario que no le hemos dado la importancia y la fuerza que realmente que contiene. Y pienso que es un tema que debería estar en agenda», estimó.
Privados en la industria del gas
Otro tema que estima prudente es la «participación fundamentalmente del sector privado» en la industria del gas en Venezuela: «Hay una discusión muy dura sobre los líquidos y los gases, porque eso se lo reserva el Estado, la Ley de Hidrocarburos, y ha sido siempre un punto de discusión».
Explicó que en lo que respecta al gas, «porque en el caso del gas nuestra Ley de Hidrocarburos Gaseosos es mucho más flexible que la Ley de Hidrocarburos líquidos». Pese a esto, considera que se deben buscar los mecanismos que permitan una mayor participación del capital privado, para dar un salto» en este segmento.
Bajo este orden de ideas, aseguró que el gas se convertirá en el combustible de transición entre la energía fósil y la energía renovable: «Tanto la Agencia Internacional de la Energía como la OPEP, e incluso las grandes trasnacionales como la ExxonMobil estiman que para el 2050 se va a producir un cambio significativo en la matriz energética».
«Y eso no quiere decir que no va a producirse más gasolina, o hidrocarburos, sino que el papel predominante lo va a tener el gas. Mientras que el transporte de carga, como por ejemplo, el de los barcos, -tomando en cuenta que- el 95% del comercio del mundo se mueve vía marítima, va a seguir siendo un combustible fundamentalmente fósil, porque los volúmenes que se consumen, la eficiencia y la rentabilidad económica dice que eso va a seguir así quizás hasta finales de este siglo. Y lo que sí va a cambiar fundamentalmente es el consumo automotor».
Detalló que en el caso de Venezuela, «aunque tenemos planes desde la década de los 80, son planes que no ha sido posible desarrollarlos. No hemos tenido la audacia, ni la construcción de alianzas sólidas que nos permitan desarrollarlo».
Mantener porcentajes de regalías e ISLR
Rodríguez hizo especial énfasis en la importancia de los cobros correspondientes a regalías y del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a las petroleras que deseen operar en el país, considerando que la industria del crudo en Venezuela sigue siendo un negocio «altamente rentable» para las trasnacionales.
«Ahí hay un viejo debate que le ha costado la permanencia a todos los presidentes que han querido cambiar esa relación de participación de la empresa privada, desde Cipriano Castro hasta Nicolás Maduro; que tiene que ver con el 50/50 en la participación», detalló.
Indicó que Cipriano Castro fue el pionero de que Venezuela cobrara las regalías, imponiendo impuestos a las ventas petroleras «y ese impuesto después evolucionó a las regalías».
Sin embargo, «hay gente que establece que ese porcentaje que pagan aquí, que es del 30%, es muy alto».
Además, pone sobre la mesa el caso del ISLR, «que de las ganancias vamos al 50%, entre el Estado y las empresas que participen en el negocio petrolero (…) en lo personal, por lo que he visto con nuestra industria bloqueada y sancionada, siento que no hace falta modificar esos dos aspectos».
«No hace falta, porque el negocio petrolero sigue siendo altamente rentable», enfatizó, detallando que Venezuela es «un país donde el costo de producción, que depende del área, los pozos y los volúmenes, pero que en promedio ronda los $14 o $16, el margen de rentabilidad es casi cinco seis veces más que el costo productivo». indicó.
«No es el escenario ideal»
Precisó que lo idóneo para la modificación de una Ley como esta es que el país entienda la necesidad de modificar su instrumento jurídico para apalancar su desarrollo, su crecimiento: «Pero lo que está sucediendo hoy en Venezuela no es ni un proceso, ni un mecanismo normal, porque es un país amenazado, un país bloqueado, un país agredido militarmente.
Entonces, eso no hace transparente este proceso, y no se plantea en el marco ideal».
No obstante, «si lo miras estrictamente desde la óptica privada, esta siempre va a buscar sacar el mejor beneficio de las reformas que se hagan. Por eso tumbaron a casi todos nuestros presidentes que intentaron modificar eso», para responder a las necesidades de las compañías trasnacionales.
Puso como ejemplo la intervención de la ExxonMobil durante la reunión de petroleros con Donald Trump, «esa famosa reunión petrolera donde él estaba pidiendo 100.000 millones de dólares de inversión, como si él fuese el dueño de Venezuela y el dueño de nuestro petróleo», donde aseguró que el marco jurídico venezolano no era el idóneo para invertir en el país.
«¿Y por qué ellos dicen eso? Bueno, porque mantienen la misma actitud colonial y de expropiación y de apropiación de los recursos de los países de comienzos del siglo pasado. Y eso es lo que están haciendo ellos en Guyana. Ellos quieren pagar en Venezuela el 2% de regalía como la están pagando en Guyana», aseveró.
Además, cree que entre los objetivos de las petroleras extranjeras que esperan operar en Venezuela «quieren que el 50% de ISLR baje al 10% o 12%, como lo pagaban aquí cuando estaban los convenios operativos. Esa es la gran verdad de estas transnacionales depredadoras», sentenció.
La reforma no se debe apresurar
De acuerdo con el exdiputado, «sin duda, hay que dar un debate franco sobre cómo lograr crear un piso que nos permita a nosotros superar el daño que nos han hecho las medidas coercitivas unilaterales y dar un salto importante en el desarrollo de nuestra industria petrolera y gasífera, porque sería un error dejar de lado el gas en ese debate», sostuvo.
Aseguró que esta situación es muy compleja «porque a nosotros nos toca definir si vamos a mantener nuestra soberanía sobre el manejo de nuestros recursos, nuestra independencia como país soberano, que eso se ha ratificado en toda la legislación venezolana históricamente».
Aclaró que «hay una cultura jurídica con las leyes de la República» donde «los proyectos de ley y sus modificaciones son sometidas a consulta pública. Se convoca públicamente a los responsables, las comisiones, los diputados a ese debate. Y esto es una ley medular para el país«.
Considera que la Ley de Hidrocarburos puede «definir el futuro de las nuevas generaciones por lo menos durante 25 o 30 años», razón por la que «amerita un proceso serio de consulta y de debate y que no debería ser un ‘mateo’ o una cosa apresurada, todo lo contrario. No veo condiciones en el país para decir que hace falta una discusión acelerada, que eso hay que resolverlo en dos meses».
En este sentido, estima que «se debe asumir con seriedad este debate porque es trascendental para su existencia (de Venezuela) como país soberano y que mide realmente lo que pudiera pasar con los hidrocarburos en estos cambios transcendentales que se van a dar en la matriz energética. Nosotros tenemos un recurso al que debemos sacarle el mayor provecho posible en el tiempo útil que puede quedar de esos hidrocarburos»
Concluyó que a los venezolanos «nos toca ser realmente audaces y buscar los mecanismos que nos permitan acelerar el proceso productivo y, en lo particular, estoy convencido de que Venezuela puede ser el pivote energético para mantener el equilibrio energético del planeta. Por la magnitud de nuestras reservas, por la calidad de nuestros profesionales y por el desarrollo propio que puede tener la industria» en el país.
