El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) expresó su profunda preocupación por la escalada del conflicto político en Venezuela, luego de una operación militar de Estados Unidos que culminó con la detención y extracción del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La organización calificó los hechos como un grave precedente para la región y alertó sobre los riesgos que este tipo de acciones representan para la población civil.
Según información extraoficial citada por Provea, los ataques registrados en diversas ciudades del país dejaron un saldo de al menos 40 oficiales heridos y fallecidos. Los sucesos, ocurridos en la madrugada del 3 de enero de 2026, incluyeron explosiones y ataques contra instalaciones militares venezolanas, en un contexto marcado por una inédita acumulación de fuerza militar estadounidense en el Caribe.
La organización de derechos humanos exhortó a las autoridades norteamericanas a cesar los ataques militares y a garantizar la integridad física, las garantías judiciales y un trato conforme a las normas internacionales de derechos humanos para Maduro y Flores. Asimismo, subrayó que toda persona procesada debe recibir un trato digno, independientemente de su condición política.
Provea señaló que la actual crisis es consecuencia del desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024, así como de la represión posterior contra la disidencia y las protestas sociales. A juicio de la organización, el autoritarismo gubernamental profundizó la crisis institucional, deterioró la calidad de vida de la población y afianzó un clima de incertidumbre y desesperanza.
En este contexto de alta volatilidad, Provea instó a la ciudadanía a mantener la calma y a ejercer sus derechos de manera pacífica. Reiteró que la única salida legítima a la crisis debe ser civil, democrática y anclada en el respeto a los derechos humanos, incluyendo la liberación de más de 900 presos políticos y el fin de las detenciones arbitrarias.
Finalmente, la organización rechazó cualquier acción unilateral de fuerza que vulnere el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, advirtiendo que estas medidas solo debilitan el sistema multilateral de paz y seguridad. Provea insistió en que la solución a la crisis venezolana debe construirse a través de la justicia transicional, con un enfoque centrado en las víctimas y el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
