Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, denunciaron este lunes que son víctimas de una «evidente persecución política» orquestada desde la institucionalidad del Estado para impedir la declaratoria oficial de las elecciones generales de noviembre y frenar la alternabilidad del poder.
«Nuestra situación actual responde exclusivamente a la evidente persecución política de la que somos víctimas por parte de quienes no desean que se haga la declaratoria de elecciones«, afirmaron las consejeras en un comunicado conjunto leído por López en una comparecencia virtual, acompañada por Hall.
Según Hall y López, se ha utilizado «toda la institucionalidad» del Estado en «detrimento (de lo) institucional», actuando «con el único interés de que no se cumpla la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, el respeto al proceso democrático y a la soberanía del pueblo manifestada en las urnas el pasado 30 de noviembre».
Con el escrutinio preliminar avanzado, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, encabeza los resultados con 1.391.989 votos (40,34 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal (centro), que suma 1.362.358 sufragios (39,48 %).
En tercer lugar se sitúa la aspirante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 661.454 votos (19,17 %).
Proceso electoral «altamente accidentado»
Las consejeras aseguraron que han enfrentado un proceso electoral «altamente accidentado», marcado por «obstáculos constantes y muchas presiones indebidas», así como «coacción e intimidación» que «atentan» contra la independencia del ente electoral.
Las presiones, según explicaron, provienen del Ministerio Público (Fiscalía), el Parlamento hondureño, la Corte Suprema de Justicia y, más recientemente, de la Procuraduría General de la República.
Hall subrayó que cualquier ataque a una autoridad electoral «no tiene un carácter personal, sino que busca afectar un proceso fundamental para la democracia» y dijo que han recibido “información seria y preocupante”, incluyendo «conductas delictivas totalmente infundadas» que «carecen de sustento jurídico» y generan un entorno «adverso que pone en riesgo» su seguridad y el «normal desarrollo del proceso electoral».
Ante esta situación, Hall señaló que se han adoptado «medidas preventivas» que no implican “abandono de funciones ni incumplimiento de responsabilidades” y destacó que continúan actuando con “absoluta responsabilidad y diligencia” frente a los múltiples obstáculos que enfrenta el CNE.
Asimismo, aseguró que, pese a las críticas y presiones, tanto ella como López continúan desempeñando sus funciones «de manera remota, conforme al marco legal hondureño», supervisando permanentemente todas las actuaciones necesarias para la conclusión del proceso electoral, con el objetivo de «evitar riesgos, preservar su integridad y no entorpecer la declaratoria» de los resultados.
La presidenta desmintió versiones sobre un secuestro o coacción extranjera y denunció que, por el contrario, han sido autoridades nacionales quienes han ejercido «intimidación y coacción», afectando el normal funcionamiento del CNE.
