El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago redujo drásticamente el número de permisos de trabajo expedidos a venezolanos, al pasar de 4.275 en 2024 a tan solo 757 este año, una contracción de 82,29% en términos interanuales en el marco de la crisis entre ambos países.
Esto representa una disminución de 3.518 permisos, según los datos publicados en el sitio web del Ministerio, que mostró que solo se aprobaron dos tandas de permisos para venezolanos reinscritos este año.
La primera tanda de 480 permisos estuvo disponible para su entrega del 25 al 28 de marzo, seguida de una segunda tanda de 277 permisos que se distribuyeron entre el 9 y el 11 de junio. Estos permisos tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2025.
En 2019, el entonces gobernante Movimiento Nacional del Pueblo, ahora en la oposición, abrió sus puertas a los venezolanos mediante la implementación de un Marco de Registro de Migrantes.
Al finalizar este proceso, 16.523 venezolanos recibieron permisos de trabajo de un año en Trinidad y Tobago. Cada año, el Ministerio aprobaba permisos para los venezolanos que se reinscribían.
Durante los seis años que los venezolanos han vivido y trabajado en el país, muchos han denunciado explotación y discriminación. Otros fueron deportados por cometer delitos.
Entre 2020 y el 25 de agosto de este año, 55 ciudadanos venezolanos fueron asesinados en Trinidad y Tobago, 10 de ellos mujeres. Siete de estos asesinatos han sido clasificados como relacionados con el narcotráfico.
La semana pasada, el Ministerio de Seguridad Nacional distribuyó un memorándum sobre una deportación masiva de inmigrantes indocumentados detenidos, con efecto inmediato.
El ministro de Justicia venezolano, Diosdado Cabello, rechazó los planes de deportación sugiriendo que formaban parte de un plan mayor para enviar mercenarios encubiertos.
El abogado principal de Quantum Legal, Criston J. Williams, que lleva años trabajando con migrantes y solicitantes de asilo, declaró a la prensa que la presencia de migrantes indocumentados en Trinidad y Tobago puede representar una grave amenaza para la seguridad nacional.
«Tenemos que evaluar si, primero, existen narcoterroristas en nuestro país de los que no tenemos conocimiento, y segundo, si existe algún plan para socavar a las autoridades. Venezuela podría tener agentes infiltrados en nuestro país. Simplemente no lo sabemos», afirmó el letrado.
A su juicio, esa podría ser una de las razones por las que esta directiva política surgió «con tanta urgencia y de forma tan repentina».
Las tensiones entre Venezuela y Trinidad se intensificaron con el atraque en Puerto España hace una semana del USS Gravely, un destructor estadounidense equipado con misiles guiados.
Tras la llegada del destructor, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó al pueblo de Trinidad y Tobago a evitar que Estados Unidos «meta una guerra en el Caribe».
