La Corte Suprema de la India emitió un fallo definitivo en favor del Centro de Rescate y Rehabilitación Zoológico Greens y del Radhe Krishna Temple Elephant Trust (VANTARA), tras una investigación exhaustiva que desestimó las denuncias interpuestas por agrupaciones conservacionistas. El tribunal concluyó que no existió infracción alguna a la legislación nacional ni a tratados internacionales en las operaciones del centro de fauna silvestre, reseñó nota de prensa.
Las acusaciones, difundidas en septiembre por medios como Süddeutsche Zeitung y portales venezolanos, carecían de sustento probatorio, aunque por su gravedad motivaron la conformación de un Equipo Especial de Investigación (EIE). Este grupo revisó dictámenes técnicos y realizó verificaciones en campo, confirmando la legalidad en la adquisición de animales, así como el cumplimiento de estándares en bienestar, cría y conservación.
La revisión fue coordinada por el máximo tribunal junto a organismos especializados, entre ellos:
- Autoridad Central de Zoológicos
- Oficina de Control de Delitos contra la Vida Silvestre
- Autoridad CITES de la India
- Oficina Central de Investigación
- Dirección de Cumplimiento
- Dirección de Inteligencia Fiscal
- Departamento de Aduanas
- Policía Jurisdiccional
El comité verificó que la llegada de animales a VANTARA responde a un programa de conservación y reproducción aprobado en múltiples instancias legales, con permisos válidos emitidos por la India y países como República Checa, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.
Expertos determinaron que las instalaciones del centro superan los estándares internacionales en manejo veterinario, bienestar animal y programas de cría. Además, se ratificó que el comercio e intercambio de especies está permitido por la Convención CITES, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en leyes nacionales e internacionales.
En consecuencia, el Comité de Alto Nivel archivó definitivamente las denuncias y artículos periodísticos, reafirmando la legitimidad de VANTARA y sus centros asociados. El fallo ha sido calificado por medios especializados como un hito en la defensa de proyectos de conservación legalmente constituidos.
