La relatora de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, aseguró este lunes haber recibido «noticias preocupantes» sobre la «represión violenta de las movilizaciones pacíficas» que se realizan en Ecuador en contra del Gobierno por la eliminación del subsidio al diésel.
«Las personas tienen derecho a defender los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de cualquier represalia en su contra por ejercerlo», señaló la relatora en su cuenta de la red social X.
El mensaje de Lawlor se une al que ya hizo el sábado el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, que instó al Gobierno a garantizar el debido proceso, la representación legal y el contacto con los familiares de los detenidos durante las protestas que se han intensificado en la provincia norteña de Imbabura.
Y también al que realizó ese mismo día la relatora de la ONU para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, quien alertaba que el Gobierno del presidente Daniel Noboa parecía «haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país».
«Utilizando disposiciones legales no alineadas a los estándares internacionales, la sociedad civil está siendo perseguida. Sus cuentas congeladas, sus dirigentes son investigados bajo cargos fabricados, además de que su acción está siendo parte de un ejercicio permanente de estigmatización», señaló Romero en X en relación a las denuncias realizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que convocó a las manifestaciones.
La Conaie, la organización social más grande del país, aseguró este lunes que no daría «ni un paso atrás» en su decisión de protestar en contra de la eliminación del subsidio al diésel, medida que provocó que el precio del combustible suba de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Y responsabilizó al presidente Noboa del posible «caos» que se podría generar en el país si el Gobierno mantiene la decisión, ya que hay más pueblos que se están organizando para unirse a la protesta.
El Ejecutivo, por su parte, ha ratificado que no va a negociar la medida y ha acusado a manifestantes de perpetrar actos de «terrorismo» durante los ocho días de protestas.
Sin embargo, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, aseguró que «el verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno con su represión contra el pueblo», y denunció «la brutalidad con la que los militares han atacado a población civil indefensa», como, afirmó, sucedió en el caso de comunero indígena Efraín Fuerez, quien fue asesinado por las Fuerzas Armadas, según afirmó la organización.
El líder indígena dijo que han detectado que «hay mucha gente infiltrada» del «mismo Gobierno» en las protestas, que han sido «enviados para dañar la imagen de lucha» del movimiento.
La Conaie ya lideró en 2019 y 2022 sendas manifestaciones que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017 – 2021) y Guillermo Lasso (2021 – 2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI)
Información de EFE
