La Dirección General de Migración (DGM) de República Dominicana anunció la deportación de al menos 35 mil 276 migrantes haitianos el pasado mes de agosto, que se suman a los más de 250 mil deportados entre enero y julio. En un último comunicado, también destacó que otros 115 mil salieron “por voluntad propia” en 2025. Estas cifras reflejan un endurecimiento de la política migratoria y una persecución social contra poblaciones vulnerables que, en su mayoría, migraron para huir de la violencia y el hambre.
En línea con el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha convertido el discurso antimigratorio en una bandera ideológica, Santo Domingo utilizó la estigmatización de los extranjeros en situación irregular como medio para promover el nacionalismo. Las persecuciones de carácter racista, detenciones arbitrarias y deportaciones masivas ahora forman parte de la rutina de la DGM, que a principios de agosto se jactaba de “mantener una media de más de 30.000 expulsiones [de haitianos] al mes”.
El colectivo Migración y Derechos Humanos, integrado por organizaciones dominicanas, presentó una serie de propuestas a su Gobierno con el objetivo de pensar la política migratoria desde un enfoque no solo humanizado, pero también económico y social. “Se trata de un fenómeno estructural que sostiene sectores esenciales de nuestra economía, como la construcción, la agropecuaria y el trabajo doméstico, cuya contribución ha sido históricamente invisibilizada y sobreexplotada”, alientan los voceros.
La coordinadora de la organización haitiana Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), Katia Bonté, considera que los motivos que impulsan a las familias haitianas a emigrar a la República Dominicana son principalmente económicos o de seguridad. No es por voluntad propia, sino por “obligación” que familias enteras se arriesgan a cruzar la frontera ilegalmente todos los días. Muchas han perdido sus hogares a causa de la violencia y otras buscan un medio de subsistencia que no encuentran en Haití.
Al establecerse en la República Dominicana, a menudo de forma ilegal, ya que el país ya no concede visados a los haitianos, se enfrentan a otro clima de terror. “Muchos emigraron para huir de la violencia, pero, al llegar allí, se encontraron con otra forma de violencia. No es como la violencia de las pandillas que los hizo huir y quemar sus casas, sino que es una violencia psicológica, de humillación y discriminación por el color de la piel”, acotó.
Desde septiembre de 2022, no es posible obtener un visado para los ciudadanos haitianos y la frontera está oficialmente cerrada, con medidas de seguridad reforzadas. Aun así, el flujo migratorio no disminuye y algunos se aprovechan de la situación. Los coyotes cobran hasta 500 dólares por llevar a cada persona al otro lado y hay casos frecuentes de estafas, abusos, robos e incluso secuestros.
