Trece presos políticos fueron liberados este domingo 24 de agosto en Venezuela, generando momentos de alivio y reencuentro para sus familias tras meses de detención. La noticia fue confirmada por el Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos, que celebró la excarcelación como un paso positivo, aunque insuficiente frente a la magnitud de la crisis carcelaria en el país.
Libertad parcial, justicia pendiente
A pesar de las liberaciones, el Comité advierte que la represión continúa. Según sus registros:
- Personas con enfermedades graves permanecen detenidas en condiciones inhumanas, especialmente en el penal de Tocorón.
- Al menos 13 presos políticos siguen aislados e incomunicados en El Helicoide, mientras otros permanecen en El Rodeo I.
- Cuatro adolescentes continúan privados de libertad sin pruebas concluyentes.
- Mujeres, estudiantes, sindicalistas y defensores de derechos humanos siguen encarcelados.
- Se estima que más de 1.000 personas están detenidas por motivos políticos en todo el país.
- Más de 80 ciudadanos extranjeros también permanecen privados de libertad, en lo que el Comité califica como una política de criminalización sin fronteras.
Críticas al proceso de excarcelación
Las liberaciones, aunque celebradas, han sido cuestionadas por su falta de transparencia. El Comité denuncia que no se aplicaron criterios claros de justicia ni se consultó a las víctimas organizadas. “La libertad es un derecho, no una moneda de cambio”, señalaron en su comunicado, insistiendo en que la justicia no puede ser selectiva.
La organización subraya que estas excarcelaciones no deben interpretarse como una señal de apertura democrática, sino como gestos aislados que no resuelven el problema estructural de la persecución política en Venezuela.
Llamado a la liberación total
El Comité reafirma su compromiso de seguir luchando por la liberación de todos los presos políticos, sin distinción. “Seguimos luchando hasta que todos y todas sean liberadas”, concluye el comunicado, que también exige garantías judiciales, condiciones dignas de reclusión y el cese de la criminalización de la disidencia.
