El Comité de Madres en Defensa de la Verdad llevó a cabo este martes una concentración y vigilia pacífica frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, para exigir la revisión de los casos de presos políticos detenidos tras los hechos poselectorales de julio de 2024.
La acción incluyó la entrega de un escrito ante la Sala Penal del TSJ, en el que solicitan una audiencia con la presidenta del organismo, Caryslia Rodríguez, con el fin de exponer sus demandas y obtener respuestas sobre la situación de sus familiares. Según las manifestantes, no se han registrado excarcelaciones desde marzo, lo que genera preocupación ante la proximidad del receso judicial.
Muchos de los familiares, amigos y seres queridos de los detenidos llegaron de distintas partes del país. La idea es mantenerse en el lugar con la intención de que sean atendidos por las autoridades del Poder Judicial.
“Ya mi hijo tiene un año preso, simplemente por defender los Derechos Humanos. ¿Acaso defender los Derechos Humanos es un delito?”, expresó una de las madres. Otra integrante del comité advirtió: “Queremos respuestas. Ya van a venir las vacaciones del Poder Judicial y no queremos que nuestros hijos estén injustamente detenidos, sin ser delincuentes ni terroristas”.
Luisa Barrio, vocera del grupo, denunció que, a pesar de haber acordado una reunión con Rodríguez, no fueron atendidas. “Se mantiene la vigilia hasta que nos atienda, que revise todos los casos porque hay muchas personas que no han sido evaluadas. Todavía quedan mujeres detenidas, personas con patologías, y presos en comandos policiales y en la cárcel de Tocorón”, señaló.
Barrio también alertó sobre las condiciones de salud de al menos 100 detenidos en Tocorón, en el estado Aragua, quienes padecen enfermedades como problemas respiratorios, hipertensión, afecciones gástricas, abscesos y dengue. Además, indicó que algunos reclusos presentan cuadros depresivos severos y han recibido medicación tras intentos de suicidio.
Según el último balance de la ONG Foro Penal, Venezuela registra actualmente 807 presos políticos, de los cuales 712 son hombres, 95 mujeres y 4 adolescentes entre 14 y 17 años. La organización denunció una política de “puerta giratoria”, en la que se producen excarcelaciones mientras continúan nuevos arrestos.
El pasado 18 de julio, el gobierno venezolano liberó a un grupo de presos políticos y a diez ciudadanos estadounidenses como parte de una negociación con Estados Unidos. Sin embargo, días después, la dirigente opositora María Corina Machado denunció una “brutal ola de represión”, con más de 20 personas desaparecidas o detenidas, lo que ha intensificado las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el país.
