Voluntad Popular exigió la liberación inmediata del preso político Aldo Rosso, encarcelado desde hace un año

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Esta ha sido «un año de injusticia, de dolor para sus hijos, nietos» y para el resto de los allegados de Rosso, sostuvo el partido, y advirtió que su «delicado estado de salud en prisión es otro motivo para que lo liberen»

El partido opositor Voluntad Popular (VP) exigió este viernes al Estado liberar «inmediatamente» al activista político Aldo Rosso, quien cumple un año detenido pese a que, aseguró la formación, «no ha cometido ningún delito».

En la red social X, la organización antichavista expresó que ha sido «un año de injusticia, de dolor para sus hijos, nietos» y para el resto de los allegados de Rosso y advirtió que su «delicado estado de salud en prisión es otro motivo para que lo liberen».

«Ellos lo saben: tienen los exámenes médicos que comprueban que, a sus 70 años de edad, comprometen seriamente su vida dejándolo injustamente detenido porque padece de diabetes, hipertensión y una hernia cuyo dolor se agrava día a día», señaló el partido.

Por tanto, el VP exige al Gobierno que «deje de poner en riesgo la vida de Aldo Rosso y lo libere inmediatamente», a la vez que reitera su compromiso con la defensa del opositor.

El activista, miembro de VP, fue detenido el 4 de julio de 2024, cuando comenzó la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de ese mes, según denunció el colectivo, que pidió entonces a la comunidad internacional hacer «todo lo posible para poner fin a esta táctica macabra que solo cobra la libertad de personas inocentes».

La pasada semana, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, advirtió que las libertades fundamentales en Venezuela han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas «han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos».

En respuesta, el Gobierno venezolano acusó a Türk de instrumentalizar «políticamente» los DDHH, mientras que la Asamblea Nacional declaró ‘persona non grata’ al alto comisionado, al acusarlo de guardar silencio acerca de los 252 migrantes que Caracas denuncia como «secuestrados» en El Salvador y los 18 menores de edad «retenidos» en Estados Unidos.

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