Una juez de la Audiencia Nacional de España ha archivado por falta de «indicios de criminalidad» la investigación al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo venezolano Globovisión, por presuntos delitos de blanqueo en la causa por el vaciado de fondos de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada María Tardón expone que tras más de cinco años de investigación «no se ha llegado a corroborar, más allá de las invocadas sospechas de encontrarnos ante operativas sospechosas de blanqueo de capitales (…), que los que al investigado se atribuyen puedan tener como origen el producto ilícito de la comisión de algún hecho delictivo».
La juez ha adoptado esta decisión a petición de Gorrín y con el informe en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba necesaria la práctica de más diligencias antes de acordar el sobreseimiento de la causa de este empresario.
Gorrín fue imputado en 2019 a raíz de un informe de la Policía española que le relacionaba con una operación vinculada con una línea de crédito concedida por la sociedad venezolana Rantor Capital a la sociedad pública venezolana Petróleos De Venezuela (PDVSA), cuyo derecho de cobro es cedido en diciembre de 2014 a Eaton Global Services.
Esta empresa estaría controlada por Gorrín, que habría sido «el destinatario de 600 millones de dólares recibidos de la petrolera como parte de la supuesta línea de crédito, que habría sido justificada ante las entidades financieras con contratos falsos, así como con las actividades de otros dos investigados en esta causa José Vicente Amparan Croquer y Hugo André Ramalho Gois», según dicho informe.
Además, se señalaba que Gorrín está inmerso en un procedimiento de los Tribunales del Distrito Sur de Florida por blanqueo y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, y que se encontraba huido de la justicia y en paradero desconocido.
Al pedir el archivo de la causa, Gorrín presentó copia de una resolución de un Juzgado de Caracas de 2020 que decretaba el sobreseimiento, a instancias del fiscal, de la causa en la que se investigaban los hechos relativos a la línea de crédito señalada y la devolución de esos préstamos.
En su informe en contra del archivo, la Fiscalía reclamó a la juez una comisión rogatoria a Venezuela para acreditar la veracidad de ese documento y conocer las investigaciones penales llevadas a cabo contra el investigado en ese país.
La juez deniega la petición por considerar que la copia está «debidamente testimoniada y bastanteada con la Apostilla de la Convención de La Haya» y descarta la comisión rogatoria o ninguna otra diligencia en Venezuela.
Por todo ello, Tardón entiende que no solo es «acertado, sino claramente una obligación» sobreseer las actuaciones, y evitar alargar de forma indebida el proceso penal, «una vez constatada suficientemente la inexistencia de indicios racionales de criminalidad».
Información de EFE
