El comité judicial de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, presentó un proyecto de ley que impondría por primera vez en EEUU tarifas obligatorias a migrantes que soliciten asilo, permisos de trabajo o ajustes de estatus.
La iniciativa, incluida en un paquete legislativo más amplio, establece un mínimo de $1.000 para solicitudes de asilo —actualmente gratuitas— y otorga poderes ampliados al presidente Donald Trump para fijar montos adicionales.
El texto también propone $550 cada seis meses por permisos laborales y $1.500 para ajustes de estatus migratorio ante un juez. Además, los patrocinadores de menores bajo custodia federal pagarían $8.500, con reembolso parcial ($5.000) solo si el menor no es deportado por incomparecencia judicial.
Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, advirtió en redes sociales que este costo «detendría a casi todos los patrocinadores».
En 2023, EEUU concedió asilo a 54.000 personas, principalmente de Afganistán —donde $1.000 equivalen a 2,5 años de salario promedio— y Venezuela, donde se necesitan tres meses para reunir ese monto.
El comité republicano justificó la medida en un comunicado como parte de su compromiso por «restaurar la integridad migratoria y la seguridad nacional».
«El presidente Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes están determinados a restaurar la integridad migratoria, mejorar la seguridad nacional y controlar el estado administrativo descontrolado», declaró el comité en un comunicado junto con la publicación del texto.
El proyecto busca financiar la contratación de 10.000 agentes del Servicio de Inmigración (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alineado con la agenda de Trump que combina restricciones migratorias, recortes fiscales y producción energética.
Críticos argumentan que las tarifas excluirían a migrantes vulnerables, mientras defensores insisten en que «fortalecerá el control fronterizo».
De aprobarse, los cambios introducirían por primera vez en la historia de Estados Unidos un cobro a los refugiados por solicitar asilo, así como múltiples tarifas que incrementan significativamente el coste de los procedimientos migratorios.
