Las organizaciones internacionales Amnistía Internacional, Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Fundación para el Debido Proceso (DPLF) emitieron este lunes 31 de marzo un comunicado para exigirle al Gobierno de Nicolás Maduro la libertad de la activista y defensora de DDHH, Rocío San Miguel, quien fue detenida en febrero de 2024.
«Rocío San Miguel necesita asistencia médica urgente, exigimos su libertad. A más de un año de su detención arbitraria, el Estado venezolano no ha presentado pruebas en su contra», refirió WOLA en su cuenta de X, que acompañó con parte del comunicado.
A continuación el comunicado íntegro
31 de marzo de 2025
Rocío San Miguel, reconocida defensora de derechos humanos en Venezuela y directora de la organización Control Ciudadano, fue desaparecida forzosamente en febrero de 2024 y permanece arbitrariamente detenida en El Helicoide bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). La audiencia de juicio oral y público está programada para hoy 31 de marzo de 2025, tras haber sido diferida en dos oportunidades, el 18 de diciembre de 2024 y el 11 de febrero de 2025, y luego de haber transcurrido 416 días privada injustamente de su libertad. Instamos a la Jueza Alejandra Romero del Juzgado 3.º de Terrorismo a otorgar una medida sustitutiva de libertad por razones humanitarias, con base en la legislación nacional e internacional aplicable.
Rocío San Miguel nunca debió haber sido desaparecida ni detenida. El proceso penal ha estado marcado por irregularidades y falta de garantías al debido proceso. A más de un año de su detención, el Estado venezolano aún no ha proporcionado pruebas que sustenten su acusación de “traición a la Patria, Conspiración, Terrorismo y asociación, entre otros” contra San Miguel.
La defensora de derechos humanos padece laberintitis, una irritación del oído que conlleva la pérdida del equilibrio. A pesar de haberlo expresado a las autoridades en El Helicoide, esa condición no fue debidamente tratada y sufrió una caída en agosto del 2024. A raíz de esa caída, se fracturó el hombro derecho y, como consecuencia de la falta de atención médica oportuna, sufrió deformidades de los ligamentos del mismo. No fue sino hasta diciembre—cuatro meses después de la caída—que recibió atención médica y se diagnosticó la lesión, que requiere una intervención quirúrgica. En aquél momento se publicaron fotos de esta atención médica, en absoluta violación de su derecho a la privacidad. Rocío San Miguel ha perdido en gran medida la movilidad de su brazo derecho. Ella necesita ser operada y tratada por sus médicos de confianza con urgencia.
Dada las circunstancias, exigimos que le sea otorgada una medida humanitaria, de modo que pueda recibir la atención médica de su elección y recuperarse bajo el cuidado de su familia. Con cada día que pasa, tratar la lesión en su hombro se vuelve más difícil, aumentando el riesgo de que pierda la movilidad de su brazo de manera permanente. Desde las organizaciones internacionales firmantes, reiteramos nuestra exigencia de libertad inmediata para la defensora Rocío San Miguel.
Amnistía Internacional
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
