La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este jueves una ley que faculta a los copresidentes del país y esposos, Daniel Ortega y Rosario Murillo, nombrar al titular de la Corte Suprema de Justicia por un período de seis años, así como a los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
La Ley Orgánica del Sistema Judicial de la República de Nicaragua, propuesta por Ortega y Murillo, fue aprobada por unanimidad y de forma expedita por el Legislativo, controlado por los sandinistas, en una sesión celebrada en Managua.
Esa norma, que deroga la Ley Orgánica del Poder Judicial, subordina el Sistema de Justicia a la Presidencia de la República, que está en manos de Ortega y Murillo, según el texto.
La nueva Ley establece la figura de órgano judicial en vez de poder del Estado, y reduce el número de magistrados de 16 a 10.
Además establece que la Presidencia de la República nombrará al presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, que serán juramentados por la Asamblea Nacional.
La Presidencia de la República también nombrará al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial.
También establece que la Corte Suprema de Justicia estará integrada por diez magistrados o magistradas en equidad de género, sin cojueces, cuyo período es de seis años.
Actualmente la Corte Suprema cuenta con 10 de los 16 magistrados que la integran, es decir con seis vacantes, cuatro por dimisión y dos por fallecimiento.
Según la nueva norma, los magistrados judiciales serán electos por un período de seis años por la Asamblea Nacional, a partir de propuestas presentadas por la Presidencia de la República y/o por los diputados.
Asimismo, establece que los magistrados y jueces, en su actividad jurisdiccional, son independientes en todas sus actuaciones y solo deben obediencia a la Constitución Política de Nicaragua y la ley.
Iniciativa se adecua a reforma constitucional
Esa Ley tiene por objetivo adecuar la ley a los principios y disposiciones constitucionales, así como establecer la estructura, organización y funcionamiento del Sistema Judicial, según el Ejecutivo.
«Esta Ley permite desarrollar lo que la nueva Constitución Política dice sobre la Justicia», y que entró en vigor el 19 de febrero pasado, dijo en el pleno el diputado sandinista Carlos Emilio López.
También dispone que los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia se dediquen exclusivamente a impartir justicia en Corte Plena y en sus Salas, indicó, por su lado, el también legislador sandinista Edwin Castro.
Además determinará las funciones del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, el que está subordinado a la Presidencia de la República, según la Ley.
Asimismo, crea las Salas de Familia en la Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales de Apelaciones.
Por otro lado, ordena que en los procesos penales pueda restringirse el acceso a los medios de comunicación y del público, a criterio de la autoridad judicial, sea de oficio o a petición de una parte.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor una reforma profunda a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total a Ortega y Murillo.
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crean las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «Policía voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
