Simpatizantes de Pedro Castillo lo acompañan en el inicio del juicio por intento de golpe de Estado en 2022

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Los partidarios de Todo con el Pueblo aseguran que Castillo es víctima de un «linchamiento político»

Un grupo de seguidores del expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) llegó este martes a la prisión de Barbadillo, al este de Lima, para darle su apoyo en el día en que se inicia el juicio por el intento de golpe de Estado en 2022 y por el que afronta un pedido de 34 años de cárcel.

Varios grupos de simpatizantes de Castillo se reunieron en los exteriores de la prisión con carteles de apoyo al exmandatario, elegido en 2021 por el partido marxista Perú Libre, pero del que renunció en 2022 por diferencias con su líder Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia después de ser condenado por corrupción.

El año pasado, Castillo anunció su afiliación al partido político Todo con el Pueblo, a pesar de que este grupo aún no está inscrito legalmente.

Un grupo de los seguidores de Castillo intentó ingresar a la fuerza a la sala donde se abrirá este martes el juicio contra el exmandatario, pero fueron impedidos por la Policía Nacional.

Los partidarios de Todo con el Pueblo aseguran que Castillo es víctima de un «linchamiento político», según los mensajes compartidos en carteles que mostraron a los medios de comunicación.

Este martes a partir de las 9:00, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema realiza la audiencia de instalación del juicio oral en el que Castillo está acusado de cometer los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La sesión ocurre en la sala de audiencias de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Dinoes), contigua al penal de Barbadillo, donde el expresidente cumple prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022.

Además de Castillo, hay otros seis procesados más por este caso; Betssy Chávez, quien era la presidenta del Consejo de Ministros en el momento del intento de autogolpe; Willy Huerta Olivas, quien era ministro del Interior, y Aníbal Torres Vásquez, ex primer ministro y que ocupaba el cargo de asesor.

Los otros tres acusados son tres exoficiales de la Policía Nacional: Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, quienes también están señalados de ser coautores del delito de rebelión.

A Castillo lo destituyó el Congreso poco después de que el 7 de diciembre de 2022 diera un mensaje televisado en el que anunció su intención de cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente

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