La Audiencia Nacional española condenó este martes a 10 meses de cárcel al exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo tras un acuerdo en el que reconoció fraude fiscal de las ganancias de casi 4,5 millones de euros que obtuvo su hijo Alejo de la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2014.
El hijo de Morodo, por su parte, fue condenado a dos años de prisión. Ambos habían aceptado esas condenas a mediados de octubre en virtud de un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.
La Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel para Raúl Morodo y ocho años y medio para su hijo, pero finalmente rebajó en ese momento su solicitud por dicho pacto, al aplicarles las atenuantes de confesión de los hechos y de reparación del daño, al haber ingresado ambos un total de 1.410.000 euros de la deuda contraída con la Hacienda española.
Las penas asumidas por Morodo y su hijo Alejo no suponen ingreso en prisión.
La única que decidió no pactar con el ministerio público y mantuvo su inocencia fue la nuera del exembajador, Ana Catarina Varandas, quien finalmente quedó absuelta al considerar que no se acreditó que participase en los ingresos de su marido o que conociese los hechos.
«No puede considerarse responsable a la acusada de la defraudación fiscal cometida por su marido», dice la sentencia, a la que tuvo acceso EFE.
El exembajador y su hijo se sentaron en el banquillo por haber supuestamente ocultado a Hacienda el presunto cobro de unos 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Alejo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera venezolana entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada.
El dinero supuestamente se blanqueó mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la nuera del exembajador y dos socios venezolanos; uno de ellos, Juan Carlos Márquez, fue hallado ahorcado en su domicilio en Madrid, en lo que fue considerado un suicidio, poco después de prestar declaración en la Audiencia Nacional por estos hechos.
El sistema empleado por el hijo del exembajador y en el que habrían participado los otros acusados consistió en «interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente» los «supuestos servicios» de asesoramiento legal y consultoría que habría prestado entre 2011 y 2014. De esta forma eludía tributar por IRPF y lo hacía por el Impuesto de Sociedades, más beneficioso.
La Fiscalía, que sólo acusa por los ejercicios de 2013 y 2014 al estar los anteriores prescritos, sostiene que Raúl Morodo también defraudó las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades.
El origen de los fondos que Alejo Morodo presuntamente ocultó a Hacienda reside en la relación contractual que contrajo con la empresa PDVSA hasta 2014, sirviéndose de las relaciones que su padre entabló con «altos cargos» de Venezuela en su época de embajador durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Información de EFE
